El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió a responder públicamente a las versiones que surgieron tras conocerse que tanto él como su esposa, Bettina Angeletti, adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias previsto dentro del nuevo esquema tributario impulsado por el Gobierno nacional. El funcionario negó categóricamente que la decisión implique acogerse a un proceso de blanqueo de capitales y sostuvo que se trata únicamente de una herramienta administrativa destinada a simplificar la presentación de declaraciones juradas.

La controversia se generó luego de que trascendiera la adhesión del matrimonio al mecanismo contemplado por la Ley de Inocencia Fiscal, normativa que forma parte de la estrategia oficial para reformular el sistema tributario y penal tributario argentino. Sin embargo, desde el entorno del funcionario insistieron en diferenciar claramente ambos instrumentos.
Según explicó Adorni, el Régimen Simplificado de Ganancias permite que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confeccione una declaración jurada preliminar, que posteriormente es revisada y validada por el contribuyente. El objetivo, señaló, es agilizar trámites y reducir cargas administrativas, sin que ello implique exteriorizar bienes o fondos no declarados.

“Bettina y yo no vamos a entrar en ningún blanqueo. Solamente nos adherimos al régimen simplificado de ganancias”, afirmó el funcionario a través de un comunicado difundido en las últimas horas, en el que cuestionó lo que consideró interpretaciones erróneas sobre la naturaleza del trámite realizado.

Desde el Gobierno sostienen que la adhesión no fue utilizada para justificar fondos ni para regularizar activos previamente ocultos. En ese sentido, remarcan que no se incorporaron dólares ni bienes mediante el régimen de exteriorización previsto por la ley y que cualquier explicación sobre el origen de los recursos utilizados para la adquisición de propiedades deberá brindarse por otras vías.
La aclaración cobra especial relevancia porque el jefe de Gabinete se encuentra bajo investigación judicial por presuntas inconsistencias patrimoniales. La causa busca determinar si existió un incremento patrimonial injustificado durante los últimos años y se encuentra actualmente en etapa de análisis contable y financiero.

El expediente, que tramita en los tribunales federales, espera informes técnicos considerados determinantes para definir los próximos pasos procesales. Por un lado, especialistas analizan la evolución patrimonial del funcionario, cruzando ingresos declarados, gastos, deudas, adquisiciones inmobiliarias y movimientos financieros. Por otro, la Justicia avanza sobre una investigación paralela vinculada a presuntas dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.

Entre los bienes y operaciones que se encuentran bajo la lupa figuran la adquisición y remodelación de inmuebles, la compra de un vehículo de alta gama, diversos viajes realizados dentro y fuera del país y el origen de los fondos destinados a afrontar compromisos financieros significativos. Asimismo, los investigadores analizan movimientos relacionados con activos digitales y criptomonedas, un aspecto que podría resultar clave para reconstruir la composición patrimonial del funcionario.

Fuentes judiciales señalan que, una vez concluidos los informes técnicos previstos para las próximas semanas, el fiscal a cargo del caso podría requerir formalmente explicaciones patrimoniales. Dependiendo de la solidez de las respuestas aportadas, la investigación podría avanzar hacia una instancia de mayor complejidad procesal.

Paralelamente, otra causa examina los vínculos de Adorni con el periodista Marcelo Grandio y con una productora privada, en relación con un viaje realizado a Punta del Este en avión privado durante el último verano. En ese expediente, la Justicia procura determinar las características de la operación, el financiamiento del traslado y la documentación respaldatoria presentada por los involucrados.

Mientras tanto, el jefe de Gabinete sostiene que la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias responde exclusivamente a una decisión administrativa orientada a simplificar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Sin embargo, el debate político y las investigaciones judiciales en curso mantienen el foco puesto sobre la evolución de su patrimonio y sobre las explicaciones que deberá ofrecer en los próximos meses.