No es ninguna novedad decir que Donald Trump ha hecho trizas el derecho internacional con las violaciones que protagonizó del mismo.
La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 regula directamente a los agentes diplomáticos (embajadores). Sin embargo, el derecho internacional consuetudinarioextiende esta protección a los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de Relaciones Exteriores.
Por lo tanto, la acción llevada a cabo el 3 de enero de 2026 por fuerzas militares estadounidenses en territorio venezolano es lisa y llanamente un secuestro, no una detención como enfáticamente sostiene EE.UU y repiten como loro barranquero los medios hegemónicos.
En ese contexto debe leerse la decisión de aplazar la audiencia judicial prevista en EE.UU contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores. Según la Fiscalía de Estados Unidos, la solicitud de diferimiento de la audiencia prevista para este 30 de junio, se debe a «razones logísticas y de seguridad relacionadas con el traslado y custodia de los acusados«. «. El juez federal Alvin Hellerstein la reprogramó para el 22 de julio próximo.
Según declaración de la abogada especialista en derecho internacional, Ana Cristina Bracho a Sputnik, difundida en el portal Al Mayadeen, “la noticia viene a mostrar una debilidad en la acusación que ya ha sido señalada previamente, donde los principales argumentos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores no han logrado sostenerse de manera probatoria suficiente».
Más allá de que se da «la situación absurda y antijurídica de que un tribunal de municipios del distrito de Nueva York» conduzca el caso, en abierta violación de lo establecido en la Convención citada precedentemente, preocupa en ámbitos y medios internacionales el estado de salud de los detenidos, ya que tanto Maduro como Flores habrían presentado signos de desgaste físico durante sus apariciones judiciales, incluyendo pérdida de peso y posibles afectaciones de salud.
Según declaró la abogada Erika Yañez al portal Sputnik “el derecho a la salud no se suspende por la privación de libertad. Deben existir garantías efectivas para el acceso a tratamientos, diagnósticos y seguimiento médico, y esto debe garantizarlo el Estado norteamericano a través de su sistema de justicia”.
La inobservancia de los tratados internacionales por parte de Estados Unidos y el inquilino de la Casa Blanca, que ve cada vez más alejarse sus posibilidades de una reelección en el cargo que hoy ostenta, se basa en que declara que no reconoce el status jurídico de quienes son avasallados por su fuerza bruta.
Así lo hicieron antes con Alex Saab, el diplomático colombo-venezolano, hoy detenido en EE.UU nuevamente, artífice de la ruptura parcial del bloque económico y financiero al que está sometida la República Bolivariana de Venezuela luego de la emisión el 9 de marzo de 2015 del presidente estadounidense demócrata Barack Obama de la Orden Ejecutiva 13692, declarando una «emergencia nacional» tras considerar que la situación en Venezuela representaba una «amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
Del mismo modo, el secuestro del primer mandatario bolivariano se debe a que EE.UU rechaza categóricamente la reelección de Nicolás Maduro en 2024 y no lo reconoce como presidente legítimo de Venezuela. La postura oficial estadounidense sostiene que los comicios estuvieron viciados y considera a Edmundo González Urrutia (un paniguado de María Corina Machado) como el ganador legítimo de las elecciones.
De ese tenor son las ejecuciones extrajudiciales de ocupantes de lanchas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico por parte de la marina estadounidense, que sin proceso judicial ni condena alguna asesinan ocupantes de presuntas “narcolanchas”.
La presunta preocupación trumpista por la lucha contra el narcotráfico, que no controla en su propio país, se cae cuando en función de objetivos políticos se indulta al exnarcopresidente hondureño Juan Orlando Hernández y se entrega al país centroamericano al narcotráfico.
Algunas fuentes señalan que se debería poner bajo la lupa los indultos concedidos por Trump,.sobre todo en este último mandato presidencial, ya que estarían vinculados con quienes aportaron ingentes sumas para su campaña electoral.