El debate sobre la posible derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el presidente Alberto Fernández, que desencadenó el escándalo de los seguros oficiales, continúa en el centro de la agenda política. Mientras tanto, el Gobierno ha tomado la decisión de ampliar la denuncia en curso, agregando nueva documentación que podría arrojar luz sobre las presuntas irregularidades en las contrataciones de seguros durante la gestión anterior.

El foco de esta nueva evidencia apunta a Carlos Soria, ex ejecutivo de Nación Seguros, a quien se sospecha de haber actuado como un intermediario de los brokers involucrados en las pólizas contratadas por el entonces Ministerio de Trabajo. La cartera de Capital Humano, bajo la dirección de Sandra Pettovello, ha remitido recientemente al juez Julián Ercolini una auditoría detallada que arroja luz sobre estas prácticas cuestionables.

El informe, elaborado por el departamento legal del ministerio, destaca hallazgos significativos derivados de una exhaustiva revisión de las pólizas emitidas por Nación Seguros. En particular, se señala que se rubricaron varios seguros en el ex Ministerio de Trabajo, actualmente bajo la órbita de Capital Humano, en los cuales figura como intermediario el Sr. Juan Carlos Soria, quien está siendo investigado en relación con estas actividades.

Según fuentes del departamento legal ministerial, Carlos Soria, en su rol de subgerente de Nación Seguros, habría sido responsable de firmar los convenios y posteriormente colocar a los brokers involucrados en las operaciones. Además, se sugiere que actuaba como intermediario en la colocación de pólizas en otros ministerios. Estas revelaciones han generado una mayor atención por parte de la justicia en torno a las presuntas prácticas fraudulentas en la contratación de seguros durante la administración anterior.

En un intento por esclarecer aún más el panorama, el Ministerio de Capital Humano ha solicitado ser aceptado como querellante en el expediente derivado de la causa principal que involucra a la ANSeS y al ex director general de operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos. Este movimiento busca consolidar las investigaciones en un solo expediente, facilitando así el acceso a la información y agilizando el proceso judicial.

En cuanto al alcance de las presuntas irregularidades, se estima que el monto de las siete pólizas suscritas bajo esta modalidad en el ex Ministerio de Trabajo asciende a aproximadamente 97 millones de pesos. La ampliación de la denuncia presentada ante el juzgado subraya la asociación de Juan Carlos Soria como intermediario en estos contratos, respaldada por pruebas documentales de los convenios firmados.

En resumen, la ampliación de la denuncia gubernamental arroja nueva luz sobre las presuntas prácticas fraudulentas en la contratación de seguros durante la gestión anterior. Con la presentación de evidencia adicional y la solicitud de participación como querellante en el proceso judicial, el Gobierno busca impulsar una investigación exhaustiva que arroje claridad sobre estos acontecimientos y garantice la transparencia en la administración pública.