Según datos oficiales, el presupuesto inicial destinado al funcionamiento del Senado para el año 2024 es de $66.121 millones. Sorprendentemente, los gastos de personal, que incluyen tanto a los 72 senadores como al personal de los despachos, bloques y otras dependencias, absorben cerca del 94% de este presupuesto, ascendiendo a $61.912 millones al año. Este desembolso se distribuye entre el personal permanente, con un gasto previsto de $55.063 millones, y el temporal, con $6.814 millones. Además, se contemplan partidas destinadas a asistencia social, bienes de consumo y servicios varios, entre otros ítems.
Hasta el momento, se ha ejecutado el 27% del presupuesto total, con un desembolso de $17.956 millones, principalmente destinados a gastos relacionados con la formación y sanción de leyes nacionales. Sin embargo, otras áreas importantes como el seguimiento y control de la gestión de contratación y pago de la deuda exterior, el control parlamentario sobre órganos de seguridad, entre otros, no han recibido fondos.
El escándalo se agudizó con las revelaciones sobre la contratación de familiares por parte de la senadora Vilma Bedia, quien finalmente fue obligada por el presidente Milei a dar de baja dichas designaciones. Estas situaciones ponen en entredicho la transparencia y la ética en el manejo de los recursos públicos.
En cuanto a los salarios del personal del Senado, cada senador tiene asignados 7.338 módulos para contratar asistentes y asesores, con un valor mensual de $12 millones. Además, tienen la opción de contratar personal bajo régimen de locación de servicios. A esto se suma el personal de planta permanente que «heredan» los senadores, lo que amplía su capacidad de contratación.
Los sueldos de los senadores rondan los $2 millones en neto, incluyendo dietas y otros beneficios. Sin embargo, la vicepresidenta Victoria Villarruel ha defendido este aumento argumentando que está por debajo de la inflación y que los senadores representan a las provincias y deben ser retribuidos adecuadamente.
En cuanto al personal del Senado, que asciende a 4.682 empleados, los sueldos varían desde $230.266 hasta $1.409.962, según la categoría y otros adicionales como antigüedad o títulos universitarios. Sorprendentemente, hay casos en los que los trabajadores perciben salarios superiores a los de los propios legisladores.
El análisis detallado de los despachos revela que algunos senadores tienen una cantidad considerable de empleados, lo que se traduce en gastos mensuales significativos. Por ejemplo, el senador Fernando Rejal tiene el despacho más oneroso, con un costo mensual de $35.711.250 en sueldos. Le siguen otros legisladores con despachos igualmente costosos, como María Inés Pilatti Vergara, Carlos «Camau» Espínola, entre otros.
En promedio, cada senador cuenta con 19 empleados, lo que representa un gasto mensual de $1.245 millones. Sumado a los contratados, el costo total asciende a $110 millones al mes. Esto evidencia una estructura de gastos considerable en el Senado, donde los sueldos del personal absorben la mayor parte del presupuesto.
En resumen, la situación salarial en el Congreso argentino ha generado un intenso debate público, revelando una distribución desproporcionada de recursos y cuestionando la eficiencia en el manejo de los mismos. Es imperativo que se realicen ajustes y se promueva una mayor transparencia en el uso de los fondos públicos, garantizando una adecuada representación de los intereses ciudadanos.