La modificación propuesta apunta a reformar los artículos 11 y 126 de la ley de Educación nacional, con el objetivo explícito de penalizar el adoctrinamiento en las instituciones educativas. Además, se anuncia la creación de un canal a cargo del Ministerio de Capital Humano para que padres y alumnos puedan denunciar cualquier actividad que consideren como adoctrinamiento o actividad política que no respete la libertad de expresión.
El desencadenante de esta medida fue el incidente ocurrido en la Escuela Secundaria Número 4 de Verónica, donde durante un acto conmemorativo del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una docente, identificada como Soledad Reyes, generó controversia al expresar opiniones políticas que algunos consideraron inapropiadas para el contexto.
Los veteranos presentes se retiraron del evento abucheando a la docente, acusándola de politizar el discurso y ofender a las familias de los estudiantes y veteranos de Malvinas. Reyes, secretaria adjunta de SUTEBA y militante peronista, expresó críticas tanto a la gestión de la Cancillería como al Gobierno de Milei, generando un clima de tensión en el acto.
La reacción del Gobierno no se hizo esperar, presentando esta modificación legal como una respuesta a lo que consideran un abuso de la libertad de expresión en el ámbito educativo. Sin embargo, críticos de esta medida argumentan que podría constituir una restricción indebida a la libertad de cátedra y de expresión, aspectos fundamentales de cualquier sistema democrático.
El portavoz presidencial también aprovechó la ocasión para cuestionar el paro docente llevado a cabo en el mismo día, describiendo a los alumnos como «rehenes» de los gremios que promueven estas medidas de fuerza. Esta declaración, sumada al anuncio de la reforma educativa, ha avivado aún más el debate sobre la relación entre el Estado, los docentes y los estudiantes en el ámbito educativo.
En un contexto de crisis económica y cultural, donde la inflación ha alcanzado niveles alarmantes y la estabilidad política es cuestionada, estas medidas adquieren una relevancia aún mayor. La pregunta que queda en el aire es si estas acciones son realmente necesarias para preservar la neutralidad ideológica en las escuelas o si, por el contrario, representan una amenaza para la diversidad de pensamiento y el libre intercambio de ideas, pilares fundamentales de una sociedad democrática. En última instancia, el futuro de la educación y la libertad de expresión en Argentina pende de un delicado equilibrio entre la protección de los valores democráticos y el respeto por la pluralidad de opiniones.