El primer dato político relevante llegó incluso antes del debate de fondo. Con 129 diputados sentados en sus bancas, La Libertad Avanza consiguió el quórum exacto para abrir la sesión. Lo hizo con el respaldo de sus socios naturales —PRO, UCR y bloques provinciales—, pero también con el acompañamiento de legisladores de espacios más heterogéneos, una señal de que el oficialismo logró tejer un entramado de apoyos que trasciende a su núcleo duro.
Ese número inicial ya anticipaba el desenlace. A medida que avanzaban las horas, el clima del recinto fue mutando: del nerviosismo previo a una certeza casi silenciosa. La oposición ensayó una batería de planteos reglamentarios, pedidos de apartamiento e intentos por alterar el temario, pero el oficialismo sostuvo el control del trámite sin sobresaltos decisivos.
La sesión comenzó con nueve pedidos de apartamiento del reglamento impulsados por distintos bloques opositores. Hubo reclamos de interpelaciones, cuestionamientos al tratamiento legislativo y objeciones al proceso de debate previo. Sin embargo, el Gobierno volvió a mostrar disciplina interna y una alianza parlamentaria aceitada: cada intento fue rechazado por una mayoría consistente, lo que despejó el camino hacia el debate central.
Ya en el tratamiento de la reforma, el sanjuanino José Peluc fue el encargado de abrir la defensa del proyecto. Lo hizo con un tono firme, pero sin estridencias, insistiendo en que la nueva ley no desprotege glaciares, sino que redefine criterios técnicos y administrativos para compatibilizar el cuidado ambiental con el desarrollo productivo.
A su lado, Nicolás Mayoraz reforzó el argumento político de fondo: que la nueva legislación representa una actualización del federalismo ambiental. Según esta visión, la reforma devuelve a las provincias cordilleranas mayor capacidad de decisión sobre sus territorios y sobre el desarrollo de actividades económicas en zonas hasta ahora sujetas a restricciones consideradas excesivas o ambiguas.
Detrás de esa argumentación subyace el corazón del proyecto: una modificación del esquema vigente desde 2010 que permite una evaluación más específica de las zonas periglaciares y de la función hídrica real de los cuerpos de hielo, habilitando un margen mayor para actividades productivas, especialmente vinculadas a la minería metalífera. La discusión no fue menor: se trata de uno de los debates más sensibles entre desarrollo económico, recursos estratégicos y protección de bienes comunes.
Por eso, la oposición elevó el tono. Maximiliano Ferraro fue uno de los más duros: calificó la reforma como regresiva, cuestionó la influencia de intereses mineros en la redacción del proyecto y anticipó un escenario de judicialización. Miguel Ángel Pichetto, por su parte, defendió la ley original de 2010 como una norma suficiente y equilibrada, alertando sobre el riesgo de debilitar herramientas técnicas clave para la preservación ambiental.
En la vereda más confrontativa, Juan Grabois apeló a una retórica encendida para advertir sobre eventuales consecuencias sobre el agua y los ecosistemas de montaña, buscando instalar el costo social y ambiental de una flexibilización normativa.
Pero, mientras el discurso opositor se desplegaba en el recinto, el oficialismo ya tenía otra certeza: los votos estaban. Tanto fue así que varios legisladores libertarios que se habían anotado para hablar desistieron de hacerlo. El mensaje fue claro: no hacía falta sobreactuar una victoria que ya estaba asegurada.
La imagen de la noche llegó cerca de las 22. La presencia de Karina Milei en uno de los palcos de la Cámara fue interpretada como la ratificación de que la Casa Rosada seguía el tramo final de una votación estratégica. No era una ley más: para el Gobierno, esta reforma representa una pieza central de su plan para atraer inversiones, dinamizar economías regionales y reposicionar a la Argentina en el mapa global de los recursos minerales.
El trasfondo económico explica buena parte de la intensidad del debate. Gobernadores de provincias cordilleranas vienen reclamando desde hace años una actualización de las reglas para facilitar proyectos vinculados al cobre, el oro, la plata y el litio. En un contexto de necesidad de divisas, caída de reservas y búsqueda de nuevos motores de exportación, la minería aparece para el oficialismo como una de las grandes apuestas estructurales.
La sanción de esta ley, entonces, excede el plano ambiental. Es también una señal política: el Gobierno consiguió una victoria de fondo en el Congreso, mostró capacidad para ordenar una mayoría, fortaleció su vínculo con las provincias y dejó en claro que, pese a su minoría propia, todavía puede transformar su agenda en hechos concretos.
En la Argentina de hoy, donde cada votación relevante suele convertirse en un campo de batalla, esta madrugada dejó una conclusión ineludible: el oficialismo no solo ganó una ley. Ganó, sobre todo, una demostración de poder.