En la sesión extraordinaria de la Cámara de
Senadores del 22 de diciembre pasado fue aprobada la venia de Mario Silva
Castro, militante de colectivos afro, para ocupar el cargo de embajador uruguayo
en la delegación de Addis Abeba, capital de Etiopía. Se trata de una de las tres
embajadas que Uruguay mantiene en territorio africano, y su importancia radica en
que en esa misma ciudad se encuentra la sede de la Unión Africana así como
oficinas de diversos organismos internacionales.
Silva Castro no es miembro del cuerpo diplomático, ha sido nombrado en uno de
los 20 cargos de particular confianza de los que dispone el Poder Ejecutivo, según
la normativa vigente.
Sin embargo, dentro de la estrategia opositora sistemática del Partido Nacional
(blancos) el senador nacionalista Sebastián Da Silva, señaló que la designación es
“confirmatoria” de que la “izquierda usa a los colectivos afrodescendientes” y que
la importancia de la capital etíope en el entramado diplomático tal vez “no sea de
la expertise” de Silva Castro. La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi,
conocida por sus extravagantes opiniones sobre el gobierno del Presidente
Yamandú Orsi, del Frente Amplio, manifestó en un posteo en X que para ser
embajador es necesario contar “especialización en relaciones internacionales” y
definió como “gravísimo” que se “haya incumplido la Constitución y el reglamento
del Senado al aprobar una venia contraria al derecho”.
En su curriculum, Silva Castro declaró que Silva Castro cuenta con estudios de
auxiliar contable cursados en la Universidad del Trabajo del Uruguay, y trayectoria
como formador en cursos de sensibilización y racismo. Además, buena parte de
su trayectoria estuvo vinculada a la organización antiracista Mundo Afro. La
oposición le cuestiona que no tiene terminado el ciclo secundario en la educación
formal.
La designación de cargos de particular confianza en el Servicio Exterior está
contemplada en el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República.
El límite actual de cargos políticos deriva de un decreto-ley del periodo dictatorial
que fijó en 20 el máximo posible de designación bajo ese criterio. Si bien durante
un breve periodo de tiempo bajo la administración de Jorge Batlle el número fue
reducido a cinco, el criterio anterior fue restituido mediante decreto del Poder
Ejecutivo durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez.
Al comienzo del periodo el 1º de marzo, el canciller de la República, Mario
Lubetkin, afirmó que los embajadores políticos no superarían la decena respecto a
los 28 totales que representan al país, y hasta el momento el Presidente Orsi ha
nombrado anteriormente cuatro: el exvicepresidente y excanciller Rodolfo Nin
Novoa, quien asumió la representación en Brasilia; Diego Cánepa Baccino,
destinado a la embajada en Buenos Aires; Carolina Ache, del Partido Colorado,
entre 2020 y 2022 fue Subsecretaria de Relaciones Exteriores del ex presidente
Lacalle Pou, designada en la embajada ante Portugal; y Beatriz Argimón, del
Partido Nacional, exvicepresidente del Uruguay durante la gestión de Luis Lacalle
Pou, designada embajadora ante la Unesco.
La Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior del Uruguay (AFUSEU),
fundada en 1984, señaló que en la actualidad no existen requisitos mínimos de
formación para quienes ocupen cargos de embajador político, sino que rigen los
mismos criterios que para cualquier cargo de confianza política que sea designado
por el presidente de la República.
En octubre del año pasado AFUSEU emitió un comunicado en el que reclamó la
reducción del tope de las designaciones políticas a un máximo de diez. Denunció
que el cargo no le fue ofrecido a ningún diplomático de carrera.
La polémica tiene un fuerte tufillo racista. Es el primer afrouruguayo designado
como embajador y eso le cayó mal al patriciado uruguayo, de donde provienen
mayoritariamente los integrantes del actual cuerpo diplomático del Uruguay.
De los cinco embajadores de particular confianza por el presidente Orsi, dos han
sido funcionarios del anterior gobierno, por lo que no se puede hablar de
favoritismo político, y aunque parezca increíble, su designación también fue
cuestionada por la oposición.
El Partido Nacional del Uruguay cree que con esa oposición salvaje al gobierno
del Frente Amplio recuperará el electorado perdido. De flaca memoria, no
recuerda que encabeza el ranking de procesados por corrupción desde el 1º de
marzo de 1985 hasta nuestros días: 66 son los políticos blancos encarcelados, y la
mayor parte de ellos durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.