La discusión forma parte de la estrategia parlamentaria diseñada por el oficialismo para las próximas semanas. En las reuniones de coordinación política realizadas en la Casa Rosada se definió acelerar el tratamiento de la mayor cantidad posible de iniciativas antes del inicio del Mundial de Fútbol, período durante el cual se prevé una disminución de la actividad legislativa.
Dentro del oficialismo, la eliminación definitiva de las PASO ha sido una bandera sostenida desde hace tiempo. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ha defendido reiteradamente esa posición, argumentando que el sistema representa un gasto innecesario para el Estado y que no cuenta con respaldo significativo de la opinión pública.
No obstante, la experiencia parlamentaria reciente obliga al Gobierno a revisar su estrategia. Durante las sesiones extraordinarias de fines de 2024, el oficialismo no logró reunir los votos necesarios para derogar el régimen y apenas consiguió una suspensión transitoria. Hoy, aunque la representación legislativa libertaria es más sólida, las dificultades para alcanzar una mayoría estable persisten.
Desde el comienzo de las conversaciones, sectores con capacidad de incidencia en la negociación advirtieron sobre la falta de respaldo suficiente para una eliminación total del sistema. Esa realidad abrió espacio a posiciones más flexibles dentro de la mesa política oficialista.
Los principales obstáculos provienen incluso de espacios cercanos al Gobierno. Tanto dirigentes del PRO como sectores del radicalismo sostienen que las primarias continúan siendo una herramienta útil para ampliar la participación ciudadana en la selección de candidatos y fortalecer la legitimidad de las postulaciones.
En ese contexto, cobra fuerza una propuesta impulsada desde el PRO que plantea mantener las PASO, aunque eliminando su carácter obligatorio. La iniciativa busca reducir costos y otorgar mayor libertad de decisión al electorado, al tiempo que preserva el mecanismo para aquellas fuerzas políticas que necesiten resolver disputas internas.
El debate, sin embargo, excede la cuestión estrictamente electoral. Diversos actores políticos consideran que la discusión debe incluir aspectos vinculados al financiamiento de los partidos, la regulación de la publicidad electoral y la modernización integral del sistema político.
Frente a este escenario, el Gobierno mantiene formalmente su objetivo original de eliminar las PASO, aunque ya no descarta alternativas intermedias si estas permiten construir los consensos necesarios para avanzar con la reforma. La búsqueda de acuerdos se ha transformado en una necesidad política tan importante como el contenido mismo del proyecto.
Aun así, persisten sectores dentro del oficialismo que cuestionan cualquier solución parcial. Consideran que convertir las primarias en optativas no resolvería el problema de fondo, ya que el costo operativo del sistema seguiría existiendo, aunque reducido. También advierten sobre posibles distorsiones derivadas de la participación cruzada de votantes en internas ajenas, una situación que, a su juicio, podría afectar la transparencia de la competencia política.
Mientras tanto, el Congreso continúa siendo el escenario central de las negociaciones. La agenda oficial incluye además otros proyectos considerados estratégicos, entre ellos iniciativas vinculadas a cuestiones económicas, judiciales y de protección de la propiedad privada.
En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, intensifica los contactos con gobernadores y dirigentes provinciales con el objetivo de construir respaldos para las reformas impulsadas por la administración nacional. La estrategia contempla una serie de reuniones en Buenos Aires y recorridas por distintas provincias, en busca de acercar posiciones y ampliar la base de apoyo parlamentario.
En el entorno gubernamental reconocen que la reforma electoral se ha transformado en una prioridad política inmediata. El desafío consiste ahora en convertir esa prioridad en una mayoría legislativa capaz de traducir las intenciones del Ejecutivo en una ley efectiva. La flexibilidad exhibida en las últimas semanas parece indicar que el Gobierno está dispuesto a negociar el camino, siempre que el resultado final le permita exhibir avances concretos en una de las reformas que considera centrales para su proyecto político.