REFORMA ELECTORAL: ENTRE LA AMBICIÓN DE CAMBIO Y LA ARITMÉTICA DEL PODER

El presidente Javier Milei se dispone a enviar al Congreso Nacional un ambicioso proyecto de reforma electoral que propone rediseñar aspectos centrales del sistema político argentino. La iniciativa contempla la eliminación de las PASO, la implementación de la Boleta Única de Papel, nuevas exigencias para la constitución de partidos y una profunda revisión del esquema de financiamiento político.

El anuncio del Poder Ejecutivo no solo busca alterar la mecánica electoral vigente, sino también reconfigurar las reglas de competencia. Sin embargo, su viabilidad depende de un delicado entramado de negociaciones con los gobernadores provinciales, actores clave que difícilmente acompañen sin garantías que contemplen sus propios intereses, entre ellos, la posibilidad de habilitar sus reelecciones.

En los pasillos de la Casa Rosada reconocen que el proyecto aún no ha sido formalmente girado al Congreso, aunque todo indica que su tratamiento se iniciaría en el Senado, ámbito donde las provincias tienen mayor gravitación. La estrategia oficial apunta, precisamente, a construir allí los consensos necesarios para avanzar.

Uno de los ejes más disruptivos es la eliminación de las PASO. En su reemplazo, se propone un sistema de avales ciudadanos con verificación digital, mediante mecanismos de autenticación de identidad. La intención es depurar el sistema de candidaturas, limitando la proliferación de estructuras políticas sin representación real, los llamados “sellos de goma”.

El proyecto también introduce modificaciones a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, elevando significativamente los requisitos para su conformación. A nivel distrital, se exigirá un número de afiliados equivalente al 0,5% del padrón, mientras que para obtener reconocimiento nacional será necesario acreditar presencia en al menos diez distritos. Asimismo, se perderá la personería jurídica si no se alcanza un mínimo del 3% del padrón en dos elecciones consecutivas.

En materia de votación, la Boleta Única de Papel incorporará la posibilidad de seleccionar listas completas mediante una única opción, incluso en escenarios de simultaneidad electoral entre cargos nacionales, provinciales y municipales.

El capítulo ético del proyecto incluye la denominada “Ficha Limpia”, que impediría competir por cargos electivos a quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia. La restricción se extendería también a funcionarios del Poder Ejecutivo en distintos niveles. Según expresó el propio Javier Milei, el objetivo es “terminar con la impunidad” en la función pública.

Otro punto relevante es la modificación del régimen de financiamiento político. La propuesta eleva los límites para aportes privados y elimina los topes de gasto de campaña, aunque endurece las restricciones sobre el origen de los fondos. Se prohíben donaciones de personas vinculadas a delitos graves y se establecen sanciones severas para las agrupaciones que incumplan las normas, incluyendo la suspensión del financiamiento estatal. Además, se elimina la publicidad gratuita en medios audiovisuales y se concentra el aporte público en un único desembolso anual.

Entre las novedades, también se contempla la eliminación de la obligatoriedad del debate presidencial.

En el plano internacional, el proyecto propone suspender la elección directa de parlamentarios del Mercosur hasta tanto se establezca una fecha electoral común en todos los países miembros. Mientras tanto, los representantes argentinos serían designados por la Cámara de Diputados.

El trasfondo político

Más allá del contenido técnico, la iniciativa revela un cambio de enfoque del oficialismo: instalar el debate de la reforma política como eje de agenda. En la Casa Rosada sostienen que adelantar la discusión busca acelerar los tiempos legislativos e influir en la configuración del calendario electoral próximo.

El Gobierno interpreta que la suspensión de las PASO en 2025 fue bien recibida por la sociedad, y apuesta a que su eliminación definitiva coloque a la oposición en una posición incómoda frente a la opinión pública.

No obstante, las negociaciones recién comienzan. Desde el propio oficialismo admiten que aún no existe un diálogo profundo con las provincias. La diversidad de posturas es evidente: algunas jurisdicciones acompañan, mientras otras se mantienen cautelosas, especialmente en lo relativo a las primarias.

La construcción de acuerdos recaerá en una mesa política integrada, entre otros, por Karina Milei, Diego Santilli, Martín Menem y Eduardo Menem. Allí se delineará la estrategia para avanzar en ambas cámaras y definir los términos finales del proyecto.

Algunos gobernadores ya iniciaron contactos con el Ejecutivo. Rogelio Frigerio se muestra dispuesto a negociar, mientras que Alfredo Cornejo mantiene reparos, especialmente en torno a las PASO. En los próximos días, se espera sumar a figuras como Marcelo Orrego, Claudio Poggi y Leandro Zdero.

El oficialismo concibe esta reforma como una pieza clave de su agenda legislativa. La apuesta no es menor: redefinir las reglas del sistema político argentino en un contexto donde cada voto en el Congreso será determinante.

En ese marco, las definiciones estratégicas —candidaturas, alianzas y estructuras— quedarán en suspenso al menos hasta después del Mundial de Fútbol de 2026. Se descuenta que durante ese período la dinámica política se atenuará, postergando decisiones de fondo.

El calendario legislativo podrá extenderse, pero el objetivo inmediato es claro: instalar el debate y reunir los consensos necesarios. En esa tarea, el Gobierno no descarta ofrecer incentivos a las provincias, incluyendo la discusión sobre reelecciones, como moneda de cambio para destrabar una reforma que, de prosperar, alterará de manera sustancial el funcionamiento del sistema político nacional.