En medio del escándalo de seguros que ha sacudido los cimientos del gobierno de Alberto Fernández, una de las principales firmas intermediarias ha sido nuevamente el epicentro de nuevas irregularidades. Esta vez, Bachellier SA, empresa vinculada al esposo de la ex secretaria del expresidente, ha sido señalada por su papel en el entramado de contratos con Nación Seguros, poniendo bajo la lupa a actuales funcionarios de la mencionada compañía estatal.
El caso, que está siendo investigado por el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo, ha revelado una serie de conexiones entre Bachellier SA y Héctor Martínez Sosa, esposo de la ex secretaria de Alberto Fernández. Los documentos en poder del juzgado muestran que Martínez Sosa mantenía contratos con diversas entidades estatales, entre ellas el área de Turismo, Gendarmería Nacional, el Servicio Penitenciario Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Casa de la Moneda y el Ministerio de Seguridad, todos canalizados a través de Bachellier SA.
Las autoridades de Bachellier SA, Osvaldo Tortora y Ricardo González, así como la directora suplente Mónica Elizarriaga, han sido objeto de escrutinio por parte del juez Ercolini, quien ha señalado la coincidencia del domicilio particular de algunos de los implicados con la dirección registrada de la empresa, planteando dudas sobre la idoneidad de dicha sede para una empresa involucrada en negocios de tal envergadura.
Además, se ha descubierto la existencia de la firma Alpes Reaseguros SA, en la que figuran como accionistas Diego Rosendi, Lucas Rosendi y Hernán Bressi. Este hallazgo ha añadido una nueva capa de complejidad a la red de nombres y sociedades relacionadas con el caso. Al seguir el rastro, se ha encontrado una conexión con San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros SA, empresa vinculada al exgerente general de Nación Seguros, Mauro Tanos.
Tanos, quien fue solicitado su renuncia por el presidente Javier Milei tras los allanamientos recientes, se suma a la lista de implicados en esta maraña de empresas y nombres que han mediado en los contratos entre organismos estatales y Nación Seguros, obteniendo comisiones jugosas en el proceso.
El entrecruzamiento de comunicaciones telefónicas realizado por orden judicial durante los operativos policiales ha revelado una coordinación entre varias de las personas investigadas en torno a dichas acciones, añadiendo más peso a las sospechas de irregularidades.
Entre los imputados hasta el momento se encuentran el ex presidente Fernández, Pablo Torres García de ANSES, Héctor Martínez Sosa y su esposa María Cantero, todos señalados como beneficiarios o intermediarios en las contrataciones que habrían causado un perjuicio multimillonario al Estado.
El escándalo, desvelado inicialmente por una publicación del diario «Clarín» en febrero, ha puesto al descubierto un entramado de contrataciones que habrían generado comisiones desproporcionadas, estimadas en 20.000 millones de pesos anuales. Los investigadores advierten que esta cifra podría ser aún mayor, dado que la presunta estructura defraudatoria se habría replicado en otros organismos estatales, dejando abierta la posibilidad de futuras pericias técnicas para determinar el alcance total del fraude.