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ENCARCELAR MIGRANTES, UN NEGOCIO REDONDO

A diferencia de otros países, en los que las prisiones son administradas por agencias públicas, en Estados Unidos las cárceles y los centros de detención de migrantes indocumentados…

Jorge Cela
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A diferencia de otros países, en los que las prisiones son administradas por agencias públicas, en Estados Unidos las cárceles y los centros de detención de migrantes indocumentados son un negocio multimillonario en el que participan empresas privadas.

Geo Group, en 2024 tuvo ingresos por un valor de US$2.400 millones. Entre sus mayores accionistas están los fondos de inversión BlackRock, Vanguard, Wolf Hill, FMR y Goldman Sachs.

CoreCivic, la segunda mayor empresa carcelaria del país, en 2024 tuvo ingresos de US$2.000 millones. Blackrock, Vanguard, River Road y Cooper Creek Partners son sus mayores accionistas.

Desde que Trump ganó las elecciones en noviembre, GEO Group vio cómo el valor de sus acciones se disparó cerca de un 90% y CoreCivic alrededor de un 50%. Por eso no es de extrañar que GEO Group y sus subsidiarias hayan aportado sumas millonarias a la esfera política republicana, destacando una donación de 4,4 millones de dólares dirigida a MAGA Inc., un súper PAC vinculado a Donald Trump, según registros de la Comisión Federal de Elecciones.
El Gobierno de Trump afirma que los arrestos de las autoridades de control de inmigración se concentran en delincuentes peligrosos a los que califica como «los peores entre los peores», pero los datos revelan que la mayoría de las personas arrestadas no tienen condenas penales en sus antecedentes, según Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse (TRAC).

Refutando las estadística universitarias, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirma que casi el 70% de las personas arrestadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han sido condenadas o acusadas de algún delito en Estados Unidos, incluyendo en ese cálculo los cargos pendientes. Y aquí está una de las trampas del trumpismo deportador.

Si un migrante está haciendo correctamente los trámites para una radicación legal, pero no los ha terminado, porque generalmente la Administración Trump los dilata innecesariamente, vienen y te detienen como si el solicitante fuera culpable de la demora en ser atendido.

Por otra parte, a veces los “criminales “no son tales. Muchos cargos penales no terminan en condenas, y un arresto de ICE les niega el debido proceso y su oportunidad de comparecer ante un tribunal, denuncia David J. Bier, Director de Estudios de Inmigración y titular de la Cátedra Selz Foundation en Política de Inmigración en el Cato Instite, un prestigioso centro de investigación con sede en Washington, D.C. del que es uno de los analistas de políticas públicas más citados en los Estados Unidos en lo que respecta a la reforma de visados, la seguridad fronteriza, el control interno y los aspectos económicos de la migración.

El Gobierno de Trump ha deportado a 985.000 personas. Además del ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos también expulsa a personas detenidas en la frontera entre Estados Unidos y México, mientras que la Guardia Costera lleva a cabo repatriaciones.

En julio pasado, había casi 66.000 detenidas, y a medida que la cifra crece aumenta el número de personas muertas bajo custodia del ICE, 57 desde el inicio del segundo mandato de Trump, eso sin contar los asesinatos cometidos por agentes de la dependencia en procedimientos en la vía pública. Physicians for Human Rights (Médicos por los Derechos Humanos) una organización no gubernamental estadounidense fundada en 1986 que utiliza la ciencia y la medicina para investigar, documentar y denunciar graves violaciones a los derechos humanos y atrocidades masivas en todo el mundo con sede Nueva York, y oficinas en Boston, Washington D.C. y Nairobi, co-galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1997 como parte de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, y Human Rights First, una organización internacional de derechos humanos no partidista, con sede en la ciudad de Nueva York, Los Ángeles y Washington, D.C., denunciaron que la tasa de mortalidad se ha más que duplicado desde el inicio del segundo mandato del inquilino temporal de la Casa Blanca.

El gran volumen de casos pendientes en las cortes de inmigración de Estados Unidos genera largos meses de espera, lo que lleva a que muchas personas bajo custodia prefieran renunciar a pelear su caso Cínicamente, el DHS dice que «estar detenido es una elección», que los inmigrantes indocumentados pueden optar por «autodeportarse» mediante el programa estadounidense que ofrece un estipendio de US$ 2.600 a quienes decidan abandonar el país, pero el proceso no siempre es inmediato ni se concede de forma automática. Incluso cuando un detenido manifiesta su deseo de ser deportado o acepta una orden de salida, el ICE depende de acuerdos diplomáticos, disponibilidad de vuelos y de la aceptación del país de origen para ejecutar el traslado.

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