Esta vez se rompió con la tradición punitiva. En julio de este año la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados oriental aprobó un proyecto de ley que posteriormente fue aprobado por el pleno de la cámara y ahora fue aprobado por la Cámara de Senadores. Su número oficial de ley aún está en trámite de promulgación y publicación en el Diario Oficial.
La hoja de ruta de la reforma de las cárceles fue presentada durante la administración de Luis Lacalle Pou y ahora el gobierno de Yamandú Orsi lo tomó como base e incluyó en el equipo de asesores del Ministerio del Interior a su autora: Ana Vigna, Magister y Doctora en Sociología por la Universidad de la República, docente, investigadora, autora de «Libro Blanco de la Reforma Penitenciaria».
El gobierno de Yamandú Orsi implementó un programa piloto para lograr la recuperación de quienes han cometido delitos relacionados con el narcotráfico, una iniciativa del diputado colorado suplente Rodrigo Martínez Ruiz, fue aprobado con los votos de los senadores del Frente Amplio y el colorado Robert Silva el jueves 27 de agosto pasado.
La senadora Graciela Barrera explicó el sentido del proyecto aprobado: “El valor principal de este enfoque radica en reconocer que muchas personas que cometen delitos no lo hacen desde la libertad plena, sino desde contextos de profunda vulnerabilidad, trastornos mentales, adicciones y carencias afectivas y materiales que distorsionan su capacidad de decisión. Se ha demostrado que aplicar una pena sin considerar estos elementos, no solo es ineficaz, sino que puede agravar los problemas de base generando ciclos de reincidencia permanente que terminan normalizando la exclusión. Estamos hablando de tender una mano institucional para brindar oportunidades reales de recuperación a quienes hoy se encuentran atrapados en un espiral destructivo del consumo, el delito y la cárcel”.
Por supuesto, la iniciativa contó con el rechazo del opositor Partido Nacional, como sucede con cada iniciativa del gobierno del Frente Amplio. El senador por San José Carlos Daniel Camy Antognazza planteó objeciones sobre que la cantidad de Juzgados de Ejecución era escasa y sobre la redacción de la ley aprobada, y el Senador Javier García (uno de los funcionarios del anterior gobierno implicado en el Caso Cardama) recogió la posición de la Suprema Corte de Justicia sobre la posible inconstitucionalidad del art. 10 de la ley aprobada.
El concepto justicia terapéutica nace en el campo del derecho de la salud mental y los casos de internamiento psiquiátrico.Fue creado por los profesores David B. Wexler, profesor de la Universidad de Arizona y la Universidad de Puerto Rico. Él acuñó el término por primera vez en un documento presentado en 1987, y Bruce J. Winick, Profesor de la Universidad de Miami y colaborador principal de Wexler
En la Argentina, en el año 2018 se presentó el programa Justicia Terapéutica para el Tratamiento Integral de Infractores de la Ley Penal con Consumo Problemático de Sustancias Psicoactivas, impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, resulta del trabajo llevado a cabo con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR) y los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa de la Nación. Experiencias similares ya funcionan de manera exitosa en 16 países de América Latina.
La justicia terapéutica se ha concebido como un marco que no sustituye al debido proceso, sino que lo complementa mediante una mirada orientada al bienestar, la rehabilitación y la cohesión social