El presidente de Estados Unidos lleva tiempo, prácticamente desde el inicio de su segundo mandato (2025/2028) tratando de garantizar su reelección al vencer dicho plazo con una serie de medidas que algunos analistas denominan “plan macabro”.
El magnate inmobiliario y actual inquilino temporal de la Casa Blanca, el 31 de marzo de 2026 dictó la insidiosa e ilegal Orden Ejecutiva (decreto) No. 14.399, para restringir el voto por correo, una práctica que calificó de “fraudulenta” tras perder las elecciones de 2020, frente al demócrata Joe Biden En ese entonces argumentó que aquellas elecciones fueron manipuladas, sin ninguna evidencia que lo corrobore y pese a que un informe del Brookings Institute reveló en 2025 que los casos de fraude en el voto por correo se produjeron en tan solo el 0,000043% del total de votos emitidos, pero que fue el detonante del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por una turba enfurecida de sus seguidores para tratar de impedir la validación de la victoria de Biden, quienes luego, condenados y encarcelados, fueron indultados por Trump no bien asumió la primera magistratura en 2025.
Lo paradójico del caso es que el primer mandatario utilizó el mecanismo del voto por correo en las elecciones primarias de Florida el agosto siguiente, pese a estar jugando golf a quince minutos del local donde le correspondía votar.
Según consigna Blomberg News y diversas agencias de noticias, el Artículo I, Sección 4, de la Constitución reserva a los estados la regulación del tiempo, el lugar y la forma de las elecciones, con un papel secundario para el Congreso, que no ha autorizado nada similar a lo que el gobierno pretende lograr, por lo que desde el vamos el asunto huele mal, con el agregado de que la norma dejaría fuera a muchos votantes de estratos más humildes, que apuestan tradicionalmente por los demócratas.
La disposición gubernamental establece que se deben elaborar tres listas de electores: una Listas de Ciudadanía Estatal» a partir de bases de datos federales a cargo del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien con la ayuda de la Seguridad Social, incluirá los ciudadanos estadounidenses con derecho a voto en cada Estado, antes del 30 de junio; otra exigirá al Servicio Postal crear «Listas Estatales de Participación por Voto Ausente y por Correo” que indicaran a quiénes entregaría el USPS (Servicio Postal de los Estados Unidos )las papeletas de voto por correo o en ausencia. Esta nueva norma debía incluir además una disposición que especificara que los estados debían presentar al USPS sus propias listas de votantes a quienes tenían previsto enviar papeletas de voto por correo o en ausencia.
Cuando todavía los funcionarios federales y estatales estaban tratando de compatibilizar el entramado que proponía la Orden Ejecutiva 14399 con los recursos disponibles y la futura capacitación del personal subalterno, la jueza Indira Talwani dictaminó el 18 de junio que las impugnaciones a la orden ejecutiva presentadas por grupos defensores del derecho al voto podían proceder en lo que respecta a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, y el jueves 25 de junio, la misma jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts dictaminó, en una impugnación independiente de la orden, que muchas de sus disposiciones centrales eran inconstitucionales. La parte de la orden dedicada a la aplicación de la ley, dictaminó Talwani, también excedía la autoridad del ejecutivo.
El lunes 24 de agosto la mayoría conservadora de la Corte Suprema permitió al Gobierno seguir adelante con su plan para modificar las normas del voto por correo antes de las elecciones de noviembre. Por seis votos contra tres, anuló este una resolución que impedía al Gobierno federal seguir adelante con partes de una orden ejecutiva firmada por Trump en marzo.
El miércoles 26 de agosto una coalición de 23 fiscales estatales (Massachusetts, Nevada , Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Wisconsin, y Washington D.C.) y el gobernador de Pensilvania presentaron este miércoles una demanda contra el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) para impugnar una regla final que, según los demandantes, interfiere con la autoridad constitucional de los estados para administrar las elecciones y limitaría el voto por correo, a lo que se sumaron un grupo de organizaciones de derechos civiles pidieron a una corte federal en Massachusetts una orden de emergencia que impida que el Servicio Postal de EE.UU. (USPS) implemente su nueva norma del voto por correo para las elecciones de noviembre. Las demandantes incluyen a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLUE), el Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, el Fondo de Defensa Legal, Asian Americans Advancing Justice y LatinoJustice.
En una nueva batalla de esta guerra sin fin, el jueves 27 de agosto la jueza Indira Talwani volvió a bloquear temporalmente la reforma del presidente Donald Trump para restringir el voto por correo al considerar que su aplicación podría privar del sufragio a miles de electores a poco más de dos meses de las elecciones legislativas de noviembre, al estimar que es «prácticamente imposible» cumplir con esta antes de las elecciones de mitad de mandato. La orden impide durante 14 días al USPS imponer los requisitos impugnados que afectan al formato de los sobres o los datos de los votantes y pide al Departamento de Justicia notificar a los funcionarios del Servicio Postal, en un plazo de 24 horas, el acatamiento de la nueva restricción temporal.
Pero todavía falta la próxima audiencia, que está prevista para el próximo 3 de septiembre. Por más que Trump apele esta nueva resolución, ya no hay tiempo para implementar la Orden Ejecutiva 14399, porque el tiempo corre y faltan 60 días en ese entonces para las elecciones de medio término.
