A 50 AÑOS DEL 24 DE MARZO DE 1976: EL GOLPE MÁS FURIOSO Y ANUNCIADO COMENZÓ A GESTARSE MUCHO ANTES

A medio siglo del quiebre institucional del 24 de marzo de 1976, resulta indispensable comprender que aquel desenlace no fue súbito ni imprevisible. Se trató, más bien, de la culminación de un proceso de deterioro progresivo, en el que confluyeron múltiples factores que erosionaron la ya frágil arquitectura democrática argentina.

Tres vectores operaron de manera simultánea y corrosiva sobre la vida republicana. En primer lugar, la violencia política ejercida tanto por organizaciones armadas de izquierda como por estructuras paraestatales de derecha, que instalaron el crimen como lenguaje cotidiano. En segundo término, una crisis económica de magnitud, caracterizada por una inflación desbordada, la pérdida sostenida del poder adquisitivo y un creciente malestar social canalizado a través de un sindicalismo en tensión permanente. Finalmente, la debilidad del gobierno encabezado por María Estela Martínez de Perón, cuya incapacidad para articular respuestas eficaces acentuó la percepción de ingobernabilidad, en un contexto donde la oposición tampoco lograba erigirse como alternativa sólida. Aquella combinación sería luego sintetizada bajo una expresión elocuente: vacío de poder.

En ese clima, el recurso a instrumentos excepcionales por parte del propio Estado —como el Operativo Independencia— habilitó la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas represivas internas, con alcances que, en la práctica, desdibujaron los límites del orden jurídico. La ambigüedad normativa abriría paso a interpretaciones expansivas del uso de la fuerza, con consecuencias que la historia posterior juzgaría con severidad.

La violencia no distinguía objetivos. Empresarios, dirigentes, fuerzas de seguridad e incluso civiles sin participación directa en el conflicto fueron alcanzados por una dinámica que combinaba secuestros, atentados y asesinatos. Paralelamente, desde el propio entramado estatal se consolidaba la acción de la Alianza Anticomunista Argentina, cuya operatoria clandestina anticipó métodos que luego serían sistematizados por el terrorismo de Estado.

El deterioro económico profundizaba el cuadro general. El impacto del llamado Rodrigazo, con su abrupta devaluación y liberación de precios, acentuó la fragilidad social y política. La inflación alcanzaba niveles alarmantes y las sucesivas medidas de ajuste carecían del respaldo necesario para sostenerse en el tiempo. La incertidumbre se convertía así en una constante de la vida cotidiana.

En el plano político, las señales eran igualmente inquietantes. Figuras de peso como Ricardo Balbín evidenciaban, en sus intervenciones públicas, más resignación que capacidad de conducción frente a la crisis. Al mismo tiempo, sectores diversos comenzaban a naturalizar la posibilidad de una intervención militar como salida al desorden imperante, en una peligrosa claudicación del consenso democrático.

En ese contexto, el 24 de marzo de 1976 no irrumpió como un rayo en cielo sereno, sino como la consecuencia de un proceso de degradación acumulada. La conformación de la Junta Militar, integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, marcó el inicio de un régimen que suprimió las instituciones republicanas, clausuró la actividad política y sindical, e instauró un sistema de represión ilegal que dejaría una huella indeleble en la historia nacional.

A cincuenta años de aquellos acontecimientos, la reflexión exige una mirada serena pero firme. La ruptura del orden constitucional no puede comprenderse sin atender a las responsabilidades múltiples que la precedieron; pero tampoco puede relativizarse el carácter del régimen que se instauró a partir de entonces. La memoria colectiva, nutrida por el testimonio y la justicia, encuentra una síntesis perdurable en la expresión pronunciada por Julio César Strassera en el histórico juicio a las juntas: “Nunca Más”.