Moreno fue vicepresidente del gobierno de la Revolución Ciudadana que encabezaba Rafael Correa, desde 2007 hasta 2013, período en el cual habría tendido lazos con Bucaram. Posteriormente, ganó en segunda vuelta las elecciones de 2017 para presidente, propuesto por Alianza País. Pero no bien asumió el gobierno se distanció de la Revolución Ciudadana y giró hacia un neoliberalismo salvaje que incluyó la fake news contra su vicepresidente, el correista Jorge Glas, por presunta vinculación con los sobornos relativos al caso Odebrecht, y su posterior encarcelamiento el 2 de octubre de 2017, que continua hasta el presente.
Tras Moreno vino Guillermo Lasso, cuyo mandato presidencial se inició el 24 de mayo de 2021. Las revelaciones sobre la trama de corrupción que lo rodeaba y los presuntos nexos con el narcotráfico aceleraron una crisis política que derivó en un proceso de juicio político contra Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional en mayo de 2023, y para evitar la segura condena renunció el 23 de noviembre de 2023 y convocó a elecciones anticipadas en lo que se conoce en la legislación ecuatoriana como “muerte cruzada”, porque fue vinculado de manera indirecta con la mafia albanesa a través de investigaciones periodísticas y políticas que señalaron a su círculo cercano por supuesta corrupción y posibles aportes ilegales a su campaña; Danilo Carrera, su cuñado fue señalado como la cabeza de una presunta red de corrupción en empresas públicas del sector eléctrico. En noviembre de 2024, un tribunal ecuatoriano lo condenó a diez años de prisión por el delito de delincuencia organizada.
Durante el gobierno de Lasso, en diciembre de 2021 el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, calificó como “narcogenerales” a altos mandos de las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano que estarían vinculados al narcotráfico y que se encontrarían bajo la lupa del gobierno estadounidense “y ya hemos retirado visas”, dijo Fitzpatrick. Posteriormente, en diciembre de 2023, habló en una conferencia por los 20 años de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que tuvo lugar en la Universidad de las Américas (UDLA) sobre lavado de dinero, corrupción en la justicia e infiltraciones de las mafias de lavado de dinero en medios de comunicación y equipos de fútbol.
Como si esto fuera poco, la crisis en el sistema penitenciario nacional en setiembre de 2023 finalmente se intentó resolver desplegando tropas en el exterior de los penales para evitar fugas, dejando el control interno en manos de las bandas criminales.
Después de Lasso vino Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín (38) un administrador, empresario y político ecuatoriano-estadounidense, hijo del magnate bananero Álvaro Noboa , quien asumió la primer magistratura el 23 de noviembre de 2023 para completar el mandato inconcluso de Lasso, y el 24 de mayo de 2025 asumió nuevamente el cargo. El asalto a la embajada de México, donde se encontraba asilado el exvicepresidente Jorge Glas, la denuncia por violencia política de género ante el Tribunal Contencioso Electoral en contra del jefe de Estado de su vicepresidenta Verónica Abad, en agosto de 2024 que el jefe del Estado resolvió con el traslado de Abad a Turquía ante el escalamiento de las tensiones en Medio Oriente, la crisis energética marcada por severas sequías, bajos niveles en los embalses y apagones prolongados que afectaron al país, principalmente a partir de 2024, son algunos de los eventos que jalonan la gestión presidencial de Noboa, junto la apertura de una oficina del FBI en el país, las bases para la llegada de las fuerzas estadounidenses y la construcción de una nueva base naval en la ciudad de Manta, y la contratación de mercenarios de Blackwater para mejorar la seguridad. La empresa del estadounidense Erik Prince operó en las guerras de Irak y Afganistán, y enfrentó reiteradas denuncias de uso excesivo de la fuerza.
A esto se suman las maniobras para evitar que los opositores correistas aspiren a ocupar cargos en cualquier instancia, la intensificación de la violencia criminal en todos los ámbitos y la participación de fuerzas invasoras norteamericanas en la muerte de pescadores y otros trabajadores calificados de narcotraficantes.
El lunes 8 de junio pasado la activista polaca Monika Martyna Koniuszek, más conocida como Monika Silva, fue hallada sin vida en su domicilio en la provincia de Santa Elena. «Informe confirma: Monika Silva fue asesinada», reveló en X Blanca Moncada Pesantes. «El informe arroja que su deceso se produjo por muerte violenta. Por un golpe y por estrangulamiento. NO SE SUICIDÓ. LA MATARON», añadió. Silva había denunciado irregularidades en la venta de tierras en Santa Elena, así como supuestos nexos del narcotráfico con el conglomerado Noboa Trading, perteneciente a la familia del presidente Daniel Noboa.
El domingo 14 de junio por la tarde, sicarios dispararon contra Alexandra Bravo en Manta, ciudad costera de la provincia de Manabí, en el oeste de Ecuador. La fiscal, que acumulaba 15 años de carrera en el Ministerio Público y se desempeñaba como fiscal de Delitos Flagrantes del Distrito de Manta, murió en el lugar del ataque. Su hermana Olinda Bravo, que la acompañaba en el momento del atentado, también perdió la vida. Bravo estaba investigando los ataques estadounidenses contra tres embarcaciones ecuatorianas en los que sobrevivieron 36 pasajeros, muchos de los cuales relatan haber sufrido torturas de hombres estadounidenses armados que vestían uniformes militares estadounidenses y que estaban a bordo de un barco patrullero con bandera estadounidense.
Todo eso hace que un informe reciente del Quincy Institute for Responsible Statecraft, fundado en 2019 y con sede en Wáshington, considere que Ecuador es ahora el país más violento del hemisferio occidental.