Los sindicatos policiales se formaron más tarde que la mayoría de las otras ocupaciones, lo que refleja una tendencia conservadora y condiciones de trabajo relativamente superiores. 1] Los primeros sindicatos de policías se formaron en los Estados Unidos. Poco después de la Primera Guerra Mundial, el aumento del costo de la vida, las reducciones salariales, las preocupaciones sobre la cantidad de descanso y la creciente insatisfacción entre los oficiales de policía de rango y archivo llevaron a una serie de huelgas policiales de 1918-1923 y la formación de sindicatos policiales a nivel mundial.
El Consejo Europeo de Sindicatos de Policía, constituido en 1988, representa a más de 300.000 policías de 18 países y ha conseguido avances significativos en la protección de sus afiliados. La sindicalización policial es una realidad, además de en los Estados Unidos, y Europa, en Australia, Nueva Zelanda y Canadá. En América Latina, Brasil (solo la policía federal) y en Uruguay (2 sindicatos) desde 2009.
Para Héctor Olivera, comisario retirado de la policía de Entre Ríos y licenciado en seguridad, “adoptar modelos de sindicalismo responsable, como los que existen en Europa, puede ser clave para fortalecer la seguridad, la justicia y el reconocimiento del trabajo policial en Argentina”.
La referencia viene a cuento porque el actual gobierno, en una muestra más de su incapacidad para gestionar un Estado moderno y eficiente, viene descuidando a las fuerzas de seguridad al punto tal que los conflictos y reclamos han estallado por doquier. El puntapié inicial lo dio cabo de la PFA, Miguel Montiel, al encadenarse a la reja de la Casa Rosada por un reclamo salarial, al que siguió el conflicto en la provincia de Santa Fe, principalmente en Rosario, con el agravante que según versiones periodísticas, en la provincia ha habido en el pasado reciente 19 suicidios de suboficiales, tanto de la policía provincial (suicidio del oficial Oscar “Chimi” Valdez, por ejemplo) como de la Gendarmería y el Servicio Penitenciario local. En Río Negro, un sector de las Fuerzas policiales y penitenciarias a través del Consejo de Bienestar Policial rechazó el aumento salarial propuesto por el gobierno provincial y es conflicto está a la vuelta de la esquina.
El derecho a la sindicalización policial es obstaculizado por el poder político en la mayoría de los países de América Latina aduciendo la matriz militarizada de las fuerzas de seguridad, el temor a la politización de los colectivos de trabajadores y la consideración de la seguridad como un servicio público esencial. Desde el final de la última dictadura, el Estado de derecho no ha democratizado a las fuerzas de seguridad. Se prefiere instrumentar una política punitiva que penaliza las protestas, y gracias a la cual eventos como los señalados se repiten cíclicamente.
El Art. 14 bis de la Constitución Nacional, único texto vigente de la Constitución de 1949, “consagra la protección integral del trabajo y los derechos de la seguridad social. Garantiza condiciones dignas, jornada limitada, salario justo, protección sindical (huelga) y beneficios de seguridad social (jubilaciones, vivienda digna) para trabajadores y gremios. La pregunta es ¿los policías no son trabajadores? ¿Qué son entonces? Luego de las protestas de 2012 (Gendarmería y Prefectura) y de 2013 (en 20 policías provinciales) cuyos protagonistas fueron sancionados, o dados de baja, y en varios casos reincorporados por decisión de la justicia, las demandas de sindicalización se potenciaron. En la inmensa mayoría de las jurisdicciones la falta de reconocimiento legal a los sindicatos derivó en persecución a los activistas, acusados de “gremialistas”, como históricamente se castiga a quienes reclaman por mejores condiciones de trabajo, las peticiones suelen terminar en sumarios, castigos informales (quitar adicionales, envío a zonas peligrosas, traslado lejos de la residencia familiar, evitar ascensos, etc.) o expulsiones.
Los intentos de las fuerzas de seguridad por lograr la sindicalización hasta ahora han fracasado. Mediante el Decreto 1129/2016 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se rechazó el pedido de Inscripción Gremial formulado por la Asociación del personal policial y penitenciario de la Provincia del Chaco (A.P.P.y P. CH.). La Corte Suprema de Justicia, heredera de la corporación que convalidó el primer golpe de estado de la Argentina en 1930 con aquello de la doctrina de la “revolución triunfante”, en abril de 2017, dictaminó que los policías no son trabajadores, y falló contra la creación de un sindicato de la policía de la provincia de Buenos Aires. La sentencia estableció que no son alcanzados por el artículo 14 bis de la Constitución, porque se basó en las palabras del convencional Carlos A. Bravo en la Convención Constituyente convocada para convalidar los decretos del gobierno de facto que derrocó al por entonces dos veces presidente constitucional de la Argentina Juan Domingo Perón en 1955, quien afirmó que “los policías no son trabajadores sino funcionarios públicos”
La antropóloga Sabina Frederic, quien fuera Ministro de Seguridad en la gestión de Alberto Fernández, sostuvo en una nota periodística publicada recientemente que “para el poder político la ausencia de canales de representación gremial es el mayor obstáculo a la conducción política de policías democráticas. Aunque la alimentación y el trabajo son más urgentes, los tiempos que vienen imponen una hoja de ruta que comience por el Defensor Policial o el Consejo de Bienestar y alcance la sindicalización policial, sin derecho a huelga”. Justamente, la carencia de interlocutores válidos complicó la resolución del conflicto de la policía rosarina. El diputado Agustín Rossi opinó que “existen formas de atender el reclamo policial que no lleven necesariamente a la sindicalización, como la conformación de comisiones o la figura del Defensor del Policía”, y el diputado provincial Carlos Del Frade de Santa Fe consideró “indispensable” que la policía se sindicalice y tiene distintos proyectos que apuntan a democratizar la fuerza.
La postura del legislador del Frente Amplio por la Soberanía reconoce antecedentes. El 10/05/2012, por EXPEDIENTE 2932-D-2012 Patricia Bullrich presentó por segunda vez (la primera fue el 13/07/2010 (Exp. 5082-D-2010) un proyecto de ley para la Sindicalización del personal de la Policial Federal Argentina. El 1º de noviembre de 2012 el entonces diputado de la Unidad Popular Víctor de Gennaro, presentó el proyecto de ley de Sindicalización de las Fuerzas de Seguridad, y su colega y presidente la fuerza política, Claudio Lozano, señaló que “sindicalizar la policía es un paso indispensable para romper la corrupción institucional que articula el vínculo entre Policía, Política y Delito”. De Gennaro no estuvo solo en la iniciativa, recibió el apoyo de Margarita Stolbizer y Omar Duclós, GEN, Liliana Parada, Graciela Iturrraspe y Antonio Riestra, Unidad Popular; Pino Solanas y Jorge Cardelli, Proyecto Sur; Victoria Donda, Libres del Sur y Ramona Pucheta, MIJD.
En el año 2015, María Magdalena Odarda, senadora por la Coalición Cívica ARI Río Negro, presentó el proyecto de ley (S-1284/15), que en su artículo 1º decía “los empleados de la Policía, Fuerzas de Seguridad y del Servicio Penitenciario de todo el territorio nacional, gozan del derecho de ejercer la libertad sindical, constituir organizaciones y afiliarse en el marco de los derechos consagrados por la Constitución Nacional,
tratados internacionales y conforme lo establece la ley 23.551”.
Matías Chávez, en Razón y Revolución, opina que “los policías, como todos los obreros, tienden a organizarse sindicalmente para defender sus condiciones de trabajo. No intervenir frente a ello solo refuerza a las organizaciones protegidas por la jerarquía policial y la burocracia” y Eduardo Sartelli sostenía en abril de 2017, que “las burguesías no quieren que nadie hable con las fuerzas represivas”.
Como se ve, el tema de la sindicalización policial no ha sido ajeno a algunos sectores de la clase política argentina, ya sea parlamentaria o extraparlamentaria, por lo que no debería ya ser objeto de discusión, sino empezar a solucionar el tema en forma perentoria. Posiblemente, el actual estado de cosas sirva a determinados factores de poder para manejar a su antojo y en función de sus intereses corporativos las fuerzas de seguridad, algo parecido a lo que sucede en las universidades nacionales, donde los docentes que concursaron sus cargos son menos que los nombrados sin concurso, para poder así manipular en las asambleas universitarias los claustros docentes.
En un momento histórico donde desde el gobierno nacional se impulsa una regresiva reforma laboral, levantar la bandera de la sindicalización de las fuerzas de seguridad puede parecer una utopía, pero hay muchas utopías en la historia de la humanidad que un día se convirtieron en realidades concretas. La cuestión es luchar y no quedarse con los brazos cruzados mirando pasar la vida.