La elección de autoridades del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, prevista para el próximo 15 de marzo, se ha convertido en algo más que un trámite partidario: funciona como un verdadero dique de contención frente a una interna que, desde hace al menos dos años, carcome al peronismo del principal distrito electoral del país. Con casi el 38% del padrón nacional, la provincia de Buenos Aires no solo ordena su propia política, sino que condiciona, inevitablemente, el futuro del peronismo a nivel nacional.
Lo que está en juego no es únicamente un nombre ni una presidencia partidaria. Se discute el alineamiento estratégico del PJ bonaerense con el proyecto político de Axel Kicillof, la vigencia real del liderazgo de la familia Kirchner y la capacidad del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) —que reúne a cerca de 40 intendentes— para disputar poder formal dentro de la estructura partidaria. En términos concretos: quién conduce, quién decide y quién marca la agenda hacia 2027.
El calendario apremia. El 8 de febrero vence el plazo para la presentación de listas. Para entonces, el peronismo deberá definir si logra una lista única que exprese un consenso precario pero funcional, o si se encamina a una interna con resultado incierto. Pocos dirigentes, de uno y otro lado de la grieta kirchnerista, desean ese escenario. Como suele ocurrir en el peronismo, la mayoría prefiere el acuerdo de cúpulas antes que el riesgo de una competencia abierta que deje heridos.
El principal escollo del acuerdo es el nombre que debe reemplazar a Máximo Kirchner, actual presidente del PJ bonaerense. Desde el entorno de Kicillof, la figura que emerge con mayor fuerza es la de la vicegobernadora Verónica Magario. Su peso territorial —ex intendenta de La Matanza, el distrito más poblado del país— y su cercanía política con el Gobernador la posicionan como la candidata natural del kicillofismo.
A fines del año pasado, en un acto realizado en La Matanza junto a Kicillof y al intendente Fernando Espinoza, Magario dejó pocas dudas sobre sus intenciones: “Vamos a ir por la herramienta del Partido Justicialista este 15 de marzo”, dijo, en un escenario cuidadosamente armado, con militancia organizada y consignas explícitas que pedían “Vero para el PJ”. La vicegobernadora proyecta, además, un eventual regreso a la intendencia matancera en 2027, lo que refuerza su necesidad de consolidar poder político en el corto plazo.
Sin embargo, su postulación choca con un veto explícito del cristinismo. En La Cámpora y en el entorno de Cristina Fernández de Kirchner consideran que Magario no es una figura de consenso y cuestionan la acumulación de cargos y candidaturas en su trayectoria reciente. “No es Messi”, ironizan puertas adentro, subrayando que La Matanza ya tiene una sobrerrepresentación histórica en el esquema bonaerense.
Este rechazo abre la puerta a otros nombres dentro del MDF, todos ellos de estrecha relación con Kicillof: Gabriel Katopodis, Mariano Cascallares y Julio Alak. Los dos primeros tuvieron un rol central en las negociaciones legislativas más sensibles del último año —Presupuesto 2026, endeudamiento y ley fiscal impositiva—, mientras que Alak, actual intendente de La Plata, ha ganado protagonismo como dirigente de diálogo transversal y trayectoria extensa dentro del peronismo bonaerense.
No es casual que, incluso desde sectores cercanos a Máximo Kirchner, se lo señale como una figura “que trasciende la disputa”. A diferencia de otros nombres, Alak mantiene vínculos con casi todas las tribus del peronismo y no aparece claramente encuadrado ni en el kicillofismo duro ni en el cristinismo cerrado. Esa ambigüedad, en este contexto, puede transformarse en una fortaleza.
Axel Kicillof, por su parte, juega su propio partido. El Gobernador quería —y algunos de sus aliados aún lo desean— que él mismo condujera el PJ bonaerense. Pero esa opción quedó descartada. Kicillof busca despegarse del internismo provincial para enfocarse en un armado nacional, con proyección presidencial, evitando el desgaste de las disputas territoriales del conurbano. Su estrategia pasa por una conducción delegada del partido, que le garantice control político sin exposición directa.
La alternativa al consenso en un nombre único es el clásico acuerdo de reparto: presidencia, vicepresidencias, secretarías y consejerías distribuidas quirúrgicamente para equilibrar fuerzas. Una solución conocida, eficaz en el corto plazo, pero frágil en términos de liderazgo real.
Mientras tanto, La Cámpora atraviesa una etapa defensiva. Con Máximo Kirchner con escasas chances de renovar su mandato y con Cristina Fernández de Kirchner cada vez más corrida del centro de la escena —sin cargo institucional y con menor capacidad de disciplinamiento—, el cristinismo denuncia que Kicillof busca “romper” el peronismo y construir poder prescindiendo de la ex presidenta. No hay, por ahora, un proyecto de unidad ni un respaldo explícito a una eventual candidatura presidencial del Gobernador.
Lo que ocurra en las próximas cuatro semanas será determinante. Si hay acuerdo, el PJ bonaerense llegará ordenado —aunque no necesariamente unido— al inicio del año político. Si no lo hay y se abre una interna, esa disputa será algo más que una elección partidaria: funcionará como un anticipo de la batalla mayor que se avecina en 2027. En un peronismo fragmentado, todavía cobijado bajo el paraguas del kirchnerismo, la provincia de Buenos Aires vuelve a ser el escenario donde se ensaya el futuro del poder.