El allanamiento judicial a las cocheras del canal de streaming Carnaval encendió una alarma que excede largamente la discusión coyuntural sobre la libertad de expresión. Lo que está en juego no es solo la continuidad de un medio joven, lanzado en junio de 2025, sino la opacidad de un entramado donde se cruzan periodismo militante, poder futbolístico, finanzas bajo investigación y una estrategia de victimización que elude las preguntas centrales.
En las últimas semanas, las principales figuras del canal —Jorge Rial, Fabián Doman, Alejandro Fantino, Mauro Federico, Toti Pasman, Rosario Ayerdi, Andrés “Duka” Ducatenzeiler y Gastón Recondo— difundieron un video titulado “Si Carnaval no existiera”. Allí se presentaron como un actor decisivo en la agenda pública reciente y advirtieron, con tono dramático, que el canal corre riesgo de cierre. El mensaje fue claro: Carnaval sería víctima de una avanzada judicial y política que busca silenciar voces incómodas.
Sin embargo, el video —y los extensos editoriales posteriores— omiten de manera sistemática el núcleo del problema: el contexto judicial en el que se producen los allanamientos y los vínculos empresariales y personales que rodean al canal.
El allanamiento y la reacción corporativa
Hace tres semanas, la Justicia ordenó allanamientos en cocheras vinculadas a Carnaval, en el marco de una causa más amplia que investiga presunto lavado de dinero, irregularidades patrimoniales y uso de testaferros en sociedades relacionadas con directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El objetivo concreto era encontrar vehículos de alta gama que no estaban en la mansión de Villa Rosa, en Pilar, una propiedad con helipuerto que la investigación judicial vincula al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Desde la pantalla de Carnaval, Mauro Federico sostuvo que la intención real sería “cerrar el canal” y forzar a su dueño, Pablo Jiménez, a venderlo por cansancio. Fabián Doman fue más allá y habló de un allanamiento “indirecto” a un medio de comunicación, apuntando directamente contra el juez Daniel Rafecas. Rial, Fantino y Canosa se sumaron al coro, presentándose —junto a unos 70 trabajadores— como víctimas de un ataque a la libertad de expresión impulsado por el gobierno de Javier Milei.
El planteo, atractivo desde lo retórico, resulta incompleto desde lo periodístico. Ninguno de los conductores explicó por qué la Justicia investiga a empresas, financieras y propiedades vinculadas al entorno de la AFA, ni por qué aparecen autos de colección, bolsos oficiales y objetos personales que refuerzan la sospecha sobre el verdadero titular de esos bienes.
Lo que no se dijo
El silencio más estridente es el que rodea al origen mismo de Carnaval. El canal fue lanzado el 2 de junio de 2025 por la empresa Buktus Sure SRL, cuyos titulares eran Héctor Federico Gauna —persona del círculo de confianza de Toviggino— y otra socia. Gauna no es un nombre marginal: trabajó en Real Central SRL, la empresa que figura como dueña de la mansión de Villa Rosa, adquirida a Malte SRL y hoy bajo investigación por lavado de dinero. Real Central está registrada a nombre de Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Conte, dos personas que, según la Justicia, no tendrían capacidad económica para semejante operación inmobiliaria.
Cuando comenzaron a trascender públicamente los vínculos entre Carnaval y Toviggino —y tras publicaciones periodísticas que detallaron esa relación—, la empresa dueña del canal cambió de nombre y de manos. Apenas 22 días después del lanzamiento, Buktus Sure SRL pasó a llamarse Clase 79 Producciones SRL y fue transferida a Pablo Jiménez y Guido Valeri, quienes hoy figuran como propietarios y empleadores formales del personal del canal.
Poco después de esa transferencia, Gauna dejó de trabajar en Servicios Neurus, denominación bajo la cual operan el helipuerto de la mansión de Villa Rosa y una marca de vinos vinculada a la AFA. Actualmente, Gauna figura como uno de los pocos empleados de Lindor SA, otra de las empresas investigadas por presuntas maniobras de lavado y uso de testaferros. No es un dato menor: uno de los autos de colección hallados en Villa Rosa —un Porsche 911— está registrado precisamente a nombre de Lindor.
El “fierro mediático”
Los críticos sostienen que Carnaval funciona como un “fierro mediático”: un dispositivo de protección política y simbólica para Pablo Toviggino frente a investigaciones judiciales que avanzan sobre su patrimonio real o presunto. No se trata de una acusación liviana ni de una teoría conspirativa marginal. Los vínculos empresariales, las transferencias societarias exprés, la coincidencia de nombres y la aparición reiterada de las mismas empresas en distintos expedientes judiciales configuran, al menos, un escenario que exige explicaciones claras.
Nada de esto fue mencionado en el video “Si Carnaval no existiera”. Tampoco se explicó por qué se allanan sedes de la AFA, clubes de fútbol y una financiera como Sur Finanzas, cuya tesorera fue detenida, ni por qué la causa judicial crece en volumen y gravedad. La narrativa elegida fue otra: la del periodismo heroico acosado por el poder.
Libertad de expresión y responsabilidad
La defensa de la libertad de expresión es irrenunciable. Ninguna investigación judicial debería utilizarse para disciplinar voces críticas ni para cerrar medios. Pero la libertad de expresión no exonera al periodismo de su obligación básica: informar todo, incluso —y sobre todo— aquello que resulta incómodo para los propios intereses.
Presentarse como víctimas sin transparentar los vínculos estructurales que rodean al canal es, cuanto menos, una operación de ocultamiento. Y en ese punto, Carnaval corre el riesgo de convertirse en aquello que dice combatir: un engranaje más del poder que denuncia selectivamente, pero calla cuando la lupa se posa sobre su propio financiamiento y su génesis.
El debate de fondo no es si Carnaval debe existir o no. El verdadero interrogante es otro: ¿puede un medio reclamar credibilidad y blindaje democrático mientras elude explicar por qué aparece una y otra vez en la periferia de una de las investigaciones judiciales más sensibles que involucran a la conducción del fútbol argentino?
Hasta que esa pregunta no tenga respuesta, la advertencia sobre un supuesto intento de cierre suena menos a defensa de la libertad y más a un reflejo de autoprotección. Y en periodismo, los silencios también hablan.