El miércoles 15 de octubre el Senado de Uruguay sancionó la Ley de Muerte Digna (eutanasia) por veinte votos sobre un total de 31 parlamentarios del cuerpo legislativo, colocándose en la vanguardia de las defensa de las libertades individuales, tras haber aprobado en los últimos años la regulación del cannabis, el matrimonio igualitario, el aborto y los derechos de las personas trans. El debate parlamentario duró alrededor de 10 horas, y más allá del aspecto jurídico, dejó traslucir el debate ético, impulsado mayoritariamente por la Iglesia Católica y la oposición sistemática el Partido nacional o blanco, más allá de que una legisladora de ese sector acompañó el proyecto, que fue presentado por senadores del Partico Colorado y contó con el apoyo del gobernante Frente Amplio (FA) dentro de sus propuestas de ampliación de derechos de los ciudadanos. Para entrar en vigor la ley, deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro de los próximos seis meses.
Con esto se convierte en el primer país de América Latina en aprobar tal medida por vía legislativa: en Ecuador está también vigente, pero por medio de fallos judiciales.
Frente a las críticas que aducen que se debería haber puesto el acento en la incrementación de los cuidados paliativos y no en promover la muerte asistida, Sebastián Sabini, senador del FA, recordó que “el gobierno anterior (Lacalle Pou, 2020/2025) no reglamentó la ley de cuidados paliativos, y somos nosotros quienes estamos ahora reglamentándola. Entendemos que no son para cosas contrapuestas; lo que estamos haciendo es intervenir ante situaciones que son insostenibles y muchas veces no tienen solución desde el punto de vista médico por el dolor, por la pérdida de autonomía. Entendemos que es un debate sensible que la sociedad se tiene que dar. Esto ha sido un proyecto “a la uruguaya” que ha reunido amplios consensos”.
Ope Pasquet, senador del Partido Colorado, por su parte, sostiene que “es una ley humanitaria que atiende la situación de los que sufren, es una ley liberal porque se apoya en la libertad de las personas, de los pacientes y de los médicos, porque acá no se le impone nada a nadie, los médicos que no quieran practicar la eutanasia ponen la objeción de conciencia y no la practican”.
La norma fue impulsada por colectivos de familiares con enfermedades incurables. Para recurrir a la eutanasia hay que ser mayor de edad, estar psíquicamente apto, cursar la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, padecer un sufrimiento que resulte insoportable con grave y progresivo deterioro de la calidad de vida. La persona deberá solicitarla personalmente a un médico, que tras un exhaustivo reconocimiento, precisará de la confirmación de un segundo doctor.
Según la Deutsche Welle, las encuestas indican que más del 65% de los uruguayos están a favor de la muerte asistida por ley, y solo el 24% en contra.
Con esta norma, que permite la muerte asistida bajo ciertas condiciones, el Uruguay se suma los países en el mundo que poseen la misma norma o similar: Países Bajos fue el pionero en 2002; España, primer país católico en aprobar dicha legislación; Bélgica, que aprobó esta legislación para menores de 12 años, Luixemburgo; Canadá, que la aprobó en 2016 bajo el nombre de asistencia legal para morir; en Nueva Zelanda entró en vigor la ley en 2021; Portugal y algunos estados de Australia. En Colombia la eutanasia fue despenalizada en 1997 pero recién se convirtió en ley en 2015.
En 2020, durante la gestión del neoliberal Luis Lacalle Pou, se había presentado un proyecto en el mismo sentido, pero no fue discutido en el ámbito legislativo.
El presidente Yamandú Orsi se encontraba en visita oficial a Italia, donde participó de los festejos por el 80ª aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y se entrevistó además con el Papa León XIV.
Consultado por la prensa, mayoritariamente uruguaya, si había hablado de la ley de eutanasia con el Sumo Pontífice, Orsi declaró que “la extensión y la profundidad de la conversación giró en torno a la visión que él tiene personalmente del tema de la eutanasia. Tenía muy claro que en Uruguay se había votado la ley, a su vez él sabe que en su momento el Cardenal Sturla nos planteó la discrepancia con la ley. Hablamos sabiendo lo que pensamos uno y otro, le contamos como fue el proceso de discusión de la ley, y miramos a futuro, por supuesto después de aclarado las posiciones, como seguir trabajando en temas tan complejos. Él me planteó incluso algunos ejemplos de carácter personal, con gente relacionada a él, amigos de él que han tenido una dificultad enorme de salud, y su visión me la ejemplificó en casos concretos pero no faltó nada en la discusión y él sabe que opina y llega hasta dónde puede llegar, y yo sé que toda su visión siempre es bienvenida para poder mejorar el futuro y los derechos humanos en clave nacional pero también en misión universal”.
Ante la consulta sobre si la charla le había hecho replantear algo de lo que había pasado, recordó que Uruguay es un país mayoritariamente laico y puntualizó que “es un tema que lo manejó el Parlamento, se dio una larga discusión, eso fue lo que hablé con él, a su vez me va a hacer llegar algunos documentos no de lo que ya pasó sino cuales son los ejemplos en otras partes, cómo se aplica. Lo vi con una cabeza muy abierta, por supuesto parado en su posición, pero no “de esto no se discute”, lo mismo planteo yo, más allá de que Uruguay decidió. Siempre hay que tener la mente abierta para poder entender al otro más allá de si uno lo comparte o no”.
