Durante los últimos meses, un periodista emprendió la tarea de revisar cada rincón del expediente más voluminoso y escandaloso de la historia reciente argentina: el caso de los cuadernos de las coimas, cuyo juicio oral comienza este jueves ante el Tribunal Oral Federal N°7. Aquella revisión diaria —lectura, contraste, observación— dejó en evidencia no solo la magnitud del proceso judicial, sino también la dimensión moral de un país que parece condenado a mirarse una y otra vez en el espejo de su propia corrupción.

Se trata del que muchos ya llaman el juicio del siglo, donde Cristina Fernández de Kirchner enfrentará una de las acusaciones más graves de su carrera política: la de haber sido la jefa de una asociación ilícita que, según la Justicia, habría operado entre 2003 y 2015, abarcando toda la era kirchnerista. La trama incluye a ex funcionarios, empresarios y choferes, y exhibe un circuito de poder y dinero que, de acuerdo con la acusación, tejió una red de sobornos sistemáticos a cambio de contratos de obra pública.

El caso nació de los apuntes del chofer Oscar Centeno, quien registró durante años los movimientos de dinero que, según su testimonio, iban desde los despachos oficiales hasta el departamento de Juncal y Uruguay, donde Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner, recibía los bolsos con dólares. Muñoz murió en 2016, pero su nombre quedó grabado como engranaje central de un sistema de recaudación que se extendió durante más de una década.

La causa principal —N° 9608/2018— fue instruida por el fallecido juez Claudio Bonadio y elevada a juicio en septiembre de 2019, tras la investigación del fiscal Carlos Stornelli. Solo ese expediente contiene más de 12.000 fojas, aunque otros tres legajos conexos también serán juzgados. En total, 91 imputados —entre ellos 20 ex funcionarios, 65 empresarios y dos choferes— se sentarán en el banquillo. Cuatro de los acusados murieron antes de llegar a esta instancia.

La lista de procesados incluye a figuras emblemáticas del poder político y empresarial: Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, Carlos Wagner, José López, Ángelo Calcaterra, Benito Roggio, Enrique Pescarmona y Ernesto Clarens, entre muchos otros. La fiscal Fabiana León y el fiscal Paul Starc, en representación de la Unidad de Información Financiera (UIF), sostendrán la acusación. Starc anticipó que el proceso podría extenderse “tres o cuatro años, con suerte”. En los pasillos de Comodoro Py se escucha una frase tan dura como cínica: “Esta causa la resolverá la biología.”

UN MAPA DEL PODER Y SUS SOMBRAS

El expediente de los cuadernos expone con crudeza la relación simbiótica entre política y negocios. Muchos empresarios admitieron haber pagado coimas, amparados en la figura del “imputado colaborador” que les permite reducir sus penas. Otros intentaron negociar su sobreseimiento con ofertas económicas que bordean lo inverosímil.

Entre las más destacadas se cuentan:

Ángelo Calcaterra, con una oferta de $2.492 millones,
Benito Roggio, con $1.875 millones,
Enrique Pescarmona, con $510 millones,
y Ernesto Clarens, quien propuso entregar un departamento y un yate en Miami valuados en más de US$1,5 millones.

Las propuestas fueron rechazadas por la fiscal León y la UIF, que consideraron que no se trataba de reparaciones genuinas sino de maniobras para “comprar tiempo de vida”.

El caso mostró, además, una verdad incómoda: durante años, las empresas beneficiadas con la obra pública participaron de un sistema que consideraban inevitable. Pagaban, ganaban contratos y permanecían dentro de un círculo cerrado, al que algunos de los propios implicados llamaban “el club”.

LOS QUE YA NO ESTÁN

El paso del tiempo dejó su huella sobre el expediente. Néstor Kirchner y Daniel Muñoz ya no están. Juan Chediack, empresario arrepentido, murió en un accidente aéreo en 2023. El juicio paralelo por lavado de dinero, con Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, como principal imputada, aún espera su elevación.

Muchos de los acusados superan los 70 u 80 años y llegarán al proceso con un frágil estado de salud. En los tribunales se da por hecho que algunos intentarán dilatar el juicio mediante licencias médicas, y que otros no lo verán terminar. La justicia argentina, lenta por naturaleza, se enfrenta aquí a una ironía amarga: el tiempo biológico de los imputados podría imponerse al judicial.

HISTORIAS PEQUEÑAS DENTRO DEL MONSTRUO

Entre los grandes nombres, hay relatos que humanizan la causa. Uno de ellos es el de Hernán Diego Del Río, remisero de José María Olazagasti, secretario de Julio De Vido. Centeno lo mencionaba en sus cuadernos como “El Pelado Hernán”, un engranaje más en la cadena de traslados de dinero.

Del Río, nacido en Ituzaingó en 1977, fue detenido en 2018 junto a Baratta. Su testimonio ante el fiscal Stornelli reflejó la distancia entre las sospechas de enriquecimiento y su realidad cotidiana:

“Pudieron peritar el auto que está destrozado, pudieron verificar en el allanamiento que me baño con un balde y que duermo en un colchón tirado en el piso.”

Su historia es una excepción entre los acusados: el retrato de quien participó de cerca del poder, pero nunca perteneció realmente a él.

LA GRIETA, EL TIEMPO Y LA MEMORIA

El caso de los cuadernos no solo desnuda un sistema de corrupción: también refleja una época. Es el símbolo de una Argentina partida, donde justicia, política y medios convergen en una zona difusa donde la verdad y la conveniencia a menudo se confunden.

Quizás cuando este juicio concluya, la grieta política haya mutado o desaparecido. Quizás no. Lo cierto es que el proceso promete extenderse por años, y la Argentina que escuche el veredicto será otra.

El juicio de los cuadernos es mucho más que una instancia judicial: es un espejo. Un espejo que devuelve el rostro de un país que, entre la memoria y el olvido, vuelve una y otra vez sobre su propia herida moral.
En esa grieta —donde el poder, la impunidad y el tiempo se cruzan— se juega una parte esencial de la historia contemporánea argentina.