Un antiguo refrán dice que “el diablo hace la olla pero no hace la tapa”. El dicho viene a cuento porque uno de los negociados escandalosos del gobierno de Luis Lacalle Pou en Uruguay salió a la luz a fines de octubre, cuando el actual primer mandatario oriental, Yamandú Orsi, le encomendó al embajador uruguayo en Londres, Luis Bermúdez Morales, que fuera hasta la dirección de una Eurocommerce que figuraba como garantía en el contrato entre el astillero español Cardama y el gobierno uruguayo porque se había vencido la garantía presentada y debía renovarse.
Al llegar el diplomático al lugar, constató que dicha firma no existía y en el lugar funcionaba una inmobiliaria propiedad de un ciudadano ruso.
El hecho encendió la alarma en el gobierno uruguayo, y tras una serie de reuniones del presidente Orsi con el Secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez y el Prosecretario Jorge Díaz, se resolviera la rescisión del contrato con el astillero por la construcción de dos lanchas patrulleras oceánicas de U$S 92 millones (de los cuales ya se habían entregado 30) y al mismo tiempo se hiciera una denuncia penal por fraude.
La historia se inicia en diciembre de 2021, cuando el gobierno de Lacalle Pou anunció el inicio de un proceso licitatorio para la adquisición de dos lanchas patrulleras oceánicas (OPV). Se presentaron empresas de China, Holanda y Francia. La mejor oferta, tanto en costo como en plazo de entrega, fue la de China, pero como esto al gobierno de Estados Unidos no le hizo ninguna gracia, a principios de 2022 lo hizo saber al gobierno uruguayo, y éste, siempre genuflexo como sus antecesores familiares, comunicó al gigante asiático en enero de 2023 el desestimiento. El desagrado que esto provocó en el gobierno chino se tradujo en el archivo sin derecho a protestar del intento de Lacalle Pou de celebrar un acuerdo de libre comercio con Pekin.
Fuentes cercanas al proceso mencionan una oferta frustrada de comprar dos buques a Noruega para la misma función, pero la gestión se frustró porque superaban el calado del puerto de Montevideo.
Se inician entonces febriles gestiones para concretar la adquisición de las dos lanchas, parecía que el negociado se tenía que hacer sí o sí. Finalmente y luego de una larga serie de llamadas, el gobierno uruguayo decide en julio de 2023 la adjudicación de las obras a la firma Astilleros y Varaderos Francisco Cardama S.A. de Vigo (España), cuyo contrato se firmó en diciembre del mismo año.
En dicho documento se estipulaba que la garantía del mismo debía presentarse en un plazo máximo de 45 días, pero parecería que la firma española estaba floja de papeles, porque demoró diez meses en conseguir los avales y recién en octubre de 2024 pudo presentar el aval de EuroCommmerce LTD pero por un año y no por los cuatro que duraba el contrato.
Cuando en setiembre de este año caducó la garantía presentada, no se presentó la renovación de la misma y por eso lo que indicábamos al inicio de esta nota.
Lacalle Pou y el coro del Partido Nacional, ahora en la oposición, denunciaron que se trataba de “una maniobra política” para perjudicarlos, y salió en defensa de la empresa española, que dicho sea de paso, argumenta que tiene el 60% de avance de obra en una de las unidades, pero un informe de la Armada de Uruguay dice que sólo se ha avanzado en un 20%.
Pero además, según informe realizado por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, Gustavo Musso, en mayo de 2023, concluyó que la oferta peor evaluada fue la del astillero Cardama, la propuesta elegida por el gobierno.
Las explicaciones del titular de la empresa española, Mario Cardama, sobre el incidente, son tan pueriles como infantiles. Manifiesta haber sido engañado, pero parece que debe padecer de amnesia, porque se olvidó que debía seguir presentando avales durante los tres años siguientes, hasta la finalización de las obras y su entrega, sin contar que le echa la culpa al banco que hizo los trámites.
Pero eso no es todo. El notario español dice que el acta que acompañaba la garantía “debe ser falsa” y está abierto a hablar con las autoridades. La garantía que presentó Cardama estaba acompañada de un documento supuestamente hecho por el notario español Luis Calabuig de Leyva, quien declaró al semanario uruguayo Búsqueda que esa acta “es posible que sea una falsificación”.
No obstante, tanto el presidente Orsi como el ministro de Economía, Gabriel Oddone, transmitieron públicamente que si aparecía un nuevo aval como garantía el contrato del Estado con Cardama podía seguir adelante.
Pero así como al que miente una vez es difícil volver a creerle, ¿Qué garantía tiene el gobierno uruguayo de que no le presenten otra garantía trucha? Sin duda deberán extremar las precauciones, mirar con lupa todos y cada uno de los renglones de la nueva garantía, chequear si existe la firma, etc, porque “el que se quema con leche ve una vaca y llora”.