CASO TARRAGONA: LA FISCALÍA ARCHIVÓ LA INVESTIGACIÓN Y AHORA LAS EXPLICACIONES DEBERÍAN VENIR DE OTRO LADO

La Fiscalía resolvió archivar la investigación contra el concejal Javier Tarragona. El desenlace fortalece al edil, quien desde el comienzo negó categóricamente las acusaciones, y también reivindica la posición del intendente Mauro García, que nunca dudó públicamente de su inocencia.

El resonante caso que sacudió políticamente a General Rodríguez tuvo un giro contundente: la Fiscalía resolvió archivar la investigación contra Javier Tarragona, hasta la eventual aparición de nuevos elementos que justifiquen su reapertura.
La decisión no constituye técnicamente una absolución definitiva, pero establece que los elementos reunidos no justificaron continuar con la investigación.

TARRAGONA HABÍA PEDIDO QUE SE INVESTIGARA TODO

Hay un elemento que hoy adquiere especial relevancia. Cuando las acusaciones tomaron estado público, Tarragona no buscó aferrarse a su banca ni obstaculizar la investigación.

El 12 de agosto presentó voluntariamente su licencia por razones de “responsabilidad institucional”, manifestó encontrarse a disposición de la Justicia y fue categórico: “No tengo absolutamente nada que ocultar”. También sostuvo que las acusaciones eran “absolutamente falsas, infundadas y ajenas” a su conducta.

Incluso dejó expresamente establecido que su apartamiento no significaba reconocer ni convalidar las acusaciones y pidió que se investigara todo lo que fuera necesario para que la verdad pudiera determinarse con absoluta claridad. Tarragona aseguró entonces que confiaba en que la investigación demostraría su inocencia y la inconsistencia de las imputaciones.

Hoy, con aquella investigación archivada, sus palabras adquieren inevitablemente otro significado.

GARCÍA TAMPOCO DUDÓ

Mientras el escándalo crecía, el intendente Mauro García tomó una posición igualmente contundente: manifestó públicamente que creía en Tarragona y confiaba en que podría demostrar la falsedad de las acusaciones.

La resolución fiscal inevitablemente fortalece aquella posición.

¿Era solamente confianza personal y política o García conocía elementos que le permitían estar tan seguro? No existen elementos para afirmarlo, pero resulta inevitable preguntárselo.

UNA RESPONSABILIDAD POLÍTICA QUE NO PUEDE IGNORARSE

Y aquí aparece, a mi entender, la cuestión política central.

La denuncia fue presentada por el Secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal, Dr. Nicolás Damián Rappazzo Demarchi, funcionario de la propia administración municipal. La presentación tuvo enorme repercusión y vinculó públicamente a Tarragona con gravísimas sospechas relacionadas con el narcotráfico.

En mi opinión, luego del archivo de la investigación y considerando las consecuencias políticas, institucionales, personales y familiares que provocó aquella denuncia, Rappazzo Demarchi debería presentar su dimisión al cargo que le confió la administración de Mauro García.

Denunciar ante la sospecha de un delito es legítimo y, en determinadas circunstancias, constituye una obligación de un funcionario público. Pero también existe responsabilidad política por las decisiones adoptadas desde una función pública y por sus consecuencias.

Tarragona pidió licencia, se puso a disposición de la Justicia, sostuvo desde el primer día que no tenía nada que ocultar y reclamó que se investigara.

LA JUSTICIA INVESTIGÓ. Y ARCHIVÓ.

Mauro García había dicho que, si Tarragona no tenía responsabilidad, “se tendrán que pedir las disculpas como corresponde”.

Quizás haya llegado ese momento.

Y después de esta resolución, pareciera que las explicaciones ya NO debe darlas Javier Tarragona.