En una sesión que se extendió por más de 16 horas, el Senado de la Nación aprobó la ley de reforma laboral impulsada por el oficialismo libertario con el acompañamiento de bloques dialoguistas. Con 42 votos afirmativos y 30 negativos sobre 72 presentes, el Gobierno logró relegar al kirchnerismo y dar un paso clave en una agenda que, desde el retorno democrático, acumula más frustraciones que concreciones.
El proyecto será girado ahora a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará evitar modificaciones que lo obliguen a regresar en segunda revisión al Senado. Si el trámite se desarrolla sin sobresaltos ni maniobras dilatorias, podría convertirse en la primera reforma estructural en materia laboral sancionada desde 1983.
Una votación exigente y una ingeniería política al límite
La aprobación en general fue apenas el umbral de una jornada compleja. La verdadera prueba comenzó en la votación en particular de los 26 títulos que componen la norma. Allí, libertarios y aliados sostuvieron la mayoría con variaciones puntuales, pero siempre con margen suficiente.
La tensión política se hizo sentir durante la tarde, cuando la Casa Rosada introdujo retoques de último momento que pusieron en alerta a los bloques dialoguistas. Aunque estos venían reclamando previsibilidad en la negociación, los cambios —finalmente amortiguados— no alteraron el respaldo central.
Entre las modificaciones incorporadas en las 48 horas previas se destacó la eliminación del artículo que otorgaba alivio en el impuesto a las Ganancias para grandes empresas; la continuidad —con topes— de los aportes compulsivos a sindicatos y cámaras empresariales; el sostenimiento del 6% destinado a obras sociales; y una reformulación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), vinculado al sistema indemnizatorio. También se otorgaron plazos de transición más extensos para determinados estatutos que inicialmente se pretendían derogar de manera abrupta.
En paralelo, La Libertad Avanza consiguió anexar el traspaso de la justicia laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, una decisión que abrió cuestionamientos procedimentales y generó fricciones internas, incluso entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich.
Argumentos en pugna
El debate expuso con nitidez dos visiones contrapuestas sobre el mercado laboral argentino.
Desde el oficialismo y sectores aliados se insistió en que el régimen vigente quedó desactualizado frente a las transformaciones productivas y tecnológicas. Se habló de previsibilidad, seguridad jurídica y reducción de la litigiosidad como condiciones necesarias para incentivar la contratación formal. El senador libertario Agustín Monteverde fue quien trazó el diagnóstico más contundente al describir un sistema que, a su juicio, combina precariedad salarial con costos laborales desproporcionados y un impacto negativo sobre el sistema previsional.
En esa línea, Martín Goerling (PRO) planteó que el debate trasciende la ideología y remite a una cuestión “matemática”: una estructura de cargas laborales que —según datos citados en el recinto— ubicaría a la Argentina entre los países con mayor presión tributaria sobre el empleo formal en la región. Eduardo Vischi (UCR) aludió a abusos sindicales y defendió la necesidad de actualizar el marco normativo.
Desde la oposición kirchnerista y sectores del peronismo federal, en cambio, se advirtió que ninguna reforma flexibilizadora ha demostrado generar empleo genuino. Se cuestionó que la norma afecte principios históricos del derecho laboral y se anticipó un aumento de la litigiosidad por posibles conflictos de constitucionalidad. También se puso el foco en la falta de una reforma tributaria integral como condición previa para abordar la informalidad.
Las posiciones intermedias —como las de Julieta Corroza, Flavia Royón o Alejandra Vigo— acompañaron en general pero marcaron reparos en artículos específicos, en especial en lo relativo al FAL y a la obligatoriedad de ciertos aportes.
Números y alineamientos
El oficialismo reunió sus 21 votos y sumó el respaldo de diez senadores radicales, tres del PRO, dos de Provincias Unidas y otros apoyos provinciales hasta alcanzar los 42 sufragios afirmativos. El kirchnerismo, junto con algunos aliados circunstanciales, consolidó los 30 rechazos. En la votación en particular, los números oscilaron entre 40 y 44 votos favorables según el título tratado, pero la mayoría nunca estuvo en riesgo.
El momento más delicado se registró en el tratamiento del Título XIV, vinculado a los aportes compulsivos. Aunque el PRO había anticipado su rechazo a esa continuidad, finalmente acompañó la redacción impulsada por el oficialismo.
Una batalla simbólica y estructural
En el cierre, Patricia Bullrich definió la jornada como una de las batallas legislativas más relevantes de los últimos años. Argumentó que la legislación actual conforma una “telaraña” normativa que desalienta la producción y fomenta la informalidad, hoy cercana al 43% según datos mencionados en el recinto.
La oposición, por su parte, denunció que el proyecto modifica más de 40 leyes y advirtió sobre sus posibles consecuencias institucionales y sociales.
Más allá de la retórica encendida que atravesó varios tramos del debate, lo cierto es que el Senado abrió una etapa nueva en la discusión sobre el modelo laboral argentino. La reforma no promete milagros inmediatos —como reconocieron incluso algunos de sus defensores—, pero sí redefine el equilibrio entre empleadores, trabajadores y Estado.
La palabra final, ahora, la tendrá la Cámara de Diputados. Allí se jugará no sólo el destino de esta norma, sino también la capacidad del oficialismo para consolidar una mayoría estable en torno a una agenda de transformaciones estructurales que, hasta aquí, siempre habían quedado a mitad de camino.
