En la madrugada del 20 de diciembre de 1989 Estados Unidos invadió Panamá con el pretexto de detener al General Manuel Antonio Noriega, gobernante de facto del país. En la “operación” que fue denominada “Causa justa” se utilizaron aviones Cazas F-117 A, aviones bombarderos C-130 y B-52, bombarderos Sealth Bomber que son invisibles al radar, cazas bombarderos de proyectil láser que calcinan todo lo que dispara, helicópteros Apaches y Cobra, Vehículos Hummer, tanques y vehículos de artillería, además de todo el Comando Sur norteamericano y el pie de fuerza acantonado en las bases militares adyacentes a la Zona del Canal, que sumaron alrededor de 25 mil unidades. La cantidad de muertes civiles panameñas no se conoce oficialmente al día de hoy, 29 años después. Las bajas militares norteamericanas fueron 23, la mayoría de ellas en enfrentamientos con los Batallones de la Dignidad, fuerza entrenada por el entonces embajador de Argentina Cronel Mohamed Alí Seineldin.
Según el Instituto de Geociencias y Estación Sismológica de la Universidad de Panamá, en el área metropolitana se dieron un total de 417 explosiones de alto poder destructivo en las primeras 14 horas del día 20 de diciembre de 1989. Muy especialmente los norteamericanos se ensañaron con el barrio populoso El Chorrillo, en el cual viven alrededor de 25 mil personas, siendo ferozmente bombardeado y quemado casi en su totalidad, con su población de hombres, mujeres y niños incluida. En el lugar estaba ubicado el Cuartel Central sede del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa Panameña, pero se atacó indiscriminadamente a la población civil. El bombardeo de múltiples instalaciones que tenían como objetivo anular la posible respuesta del ejército panameño; luego llegaría la invasión por parte de unos 26.000 soldados de infantería.
A nivel oficial el gobierno panameño, por el Decreto Ejecutivo N°334 del 12 de diciembre de 2017 estableció que el 20 de diciembre fuera un Día de Reflexión Nacional con la bandera nacional a media asta en los establecimientos públicos y privados a nivel nacional, medida que ONG como la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del 20 de diciembre de 1989 consideraron insuficiente y solicitan que sea declarado Día de Duelo Nacional.
“Dio su último suspiro y su sangre la derramó aquí, en esta patria. Me avisaron que murió en Tocume. Trabajaba en el asunto de entrenar los perros. Este día fue declarado como de Duelo Nacional de todo corazón, porque fue mucha gente, panameños, que cayeron ese día” dice Marianita Ester Córdoba, quien perdió a su hijo de 33 años en la invasión. Entre los actos programados está el homenaje en el cementerio Jardín de Paz, donde están sepultados algunos de los panameños muertos que fueron identificados.
La ex vicepresidenta Isabel Saint Malo de Alvarado ha declarado que “todo país tiene derecho a su memoria y a conocer su historia, los familiares de las víctimas tienen derecho a encontrar los restos de sus familiares, aquellos que no han sido aún identificados”.
Por ley No. 157 del 2022, el 20 de diciembre se conmemora en Panamá el Día de Duelo Nacional.
El Tratado Hay-Buneau Varilla en 1903 permitió a EE.UU la construcción, uso y control del Canal de Panamá a perpetuidad. La presencia militar y la intervención en los asuntos internos del país por parte de EE.UU se hizo notoria de ese entonces. En 1983 llegó al poder el coronel Manuel Antonio Noriega, antiguo colaborador de la CIA, que fue acusado por el gobierno estadounidense de tráfico de drogas y blanqueo de dinero. Pero estos presuntos delitos eran conocidos con anterioridad y fueron ignorados mientras Noriega servía a los intereses de EE.UU, al extremo de ser felicitado varias veces por la DEA por su apoyo a la lucha de esa agencia estadounidense contra el narcotráfico.
Miembros del Consejo Nacional de Seguridad (el Almirante Poindexter y el Teniente Coronel North) utilizaron a Noriega para evadir las restricciones que el Congreso había impuesto en 1983 a la ayuda a los Contras de Nicaragua. Se había utilizado a Noriega para que el Gobierno comprara y entregara armas a los contras utilizando las ganancias de la droga mediante diferentes esquemas, incluido el transporte y venta de cocaína desde Panamá a los EE.UU.
El bombardeo destruiría aeropuertos y bases militares como el Aeropuerto de Punta Paitilla, el Cuartel de Tinajitas, el Cuartel de Panamá Viejo, el Cuartel de Los Pumas, la base militar de Río Hato (donde funcionaba el instituto militar Tomás Herrera, que no era en realidad una escuela de formación castrense) o la Base Naval de Coco Solo. EE.UU utilizó un armamento de última generación, contra un ejército muy poco equipado. A pesar de la alta tecnología del armamento norteamericano, se produjeron numerosas muertes civiles al ser alcanzados muchos edificios no militares.
No hubo ninguna declaración de guerra y la acción fue condenada por la Asamblea General de la ONU y por la Organización de Estados Americanos (OEA). La operación duró pocos días ante la superioridad del ejército ocupante y la poca resistencia encontrada. Noriega logró escapar y buscó asilo en la Nunciatura Apostólica; posteriormente se entregaría a las fuerzas de ocupación. Guillermo Endara fue nombrado presidente del país en una base militar de EE.UU durante la operación
Rubén Blades, exministro de Turismo (2004/2009) y autor del tema que da título a esta nota, declaró que «es el evento que más vidas panameñas ha cobrado en toda la historia nacional por causa de una agresión extranjera», muchas de las víctimas estaban indefensas y desarmadas, y sin embargo «aún el hecho continúa sin ser debidamente estudiado, analizado y resuelto».
