La magistrada Marta Elba Pascual hizo lugar a un habeas corpus colectivo y ordenó frenar preventivamente la ley que bajó la edad de imputabilidad a los 14 años. El alcance territorial de la resolución genera distintas interpretaciones dentro de la Justicia.
La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, ordenó suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
La decisión fue adoptada a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, presidida por el sacerdote José María Di Paola, conocido como el padre Pepe. La presentación fue realizada en representación de adolescentes privados de su libertad.
El nuevo régimen, establecido por la Ley 27.801, reduce a 14 años la edad de imputabilidad. Su implementación llevaba apenas 48 horas cuando se conoció la medida judicial.
En su resolución, Pascual cuestionó si la Provincia cuenta con la infraestructura, el personal y las condiciones institucionales necesarias para incorporar a una mayor cantidad de adolescentes al sistema penal.
“Se debe resolver si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables”, señaló la magistrada.
Para fundamentar la medida, tomó como referencia inspecciones efectuadas en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora. En ese establecimiento se había fijado previamente un límite máximo de 60 jóvenes alojados debido al incumplimiento de estándares mínimos.
Según el fallo, aunque se registraron mejoras edilicias y avances en el suministro de agua potable y alimentación, persisten dificultades en el acceso a la educación, la formación profesional y las actividades laborales. También se observaron problemas relacionados con los períodos de aislamiento.
“El Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir”, sostuvo Pascual. Además, advirtió que el hacinamiento de menores puede aumentar los niveles de violencia e inseguridad.
La jueza convocó para el 16 de septiembre a una audiencia con funcionarios del Ejecutivo bonaerense. Allí deberán informar qué medidas fueron adoptadas para implementar el nuevo régimen.
Un alcance todavía discutido
La resolución abrió un debate entre magistrados del fuero juvenil. Algunos sostienen que una jueza no puede suspender una ley en todo el territorio provincial, mientras que otros consideran que la medida podría limitarse a la jurisdicción de Lomas de Zamora.
La falta de una interpretación uniforme quedó expuesta luego de que un juez de Menores de Quilmes ordenara la detención de un adolescente de 15 años amparándose en la nueva normativa.
La ley había sido sancionada por el Senado en febrero y promulgada el 9 de marzo. Su aplicación práctica en la Justicia nacional y federal fue reglamentada mediante el Decreto 875/2026.
Tras conocerse el fallo, la senadora Patricia Bullrich responsabilizó al gobernador Axel Kicillof y acusó a la administración bonaerense de colocarse “del lado de los delincuentes”. El mandatario provincial, por su parte, había cuestionado el enfoque punitivo de la reforma y reclamado mayor inversión en programas de inclusión y seguimiento para jóvenes en conflicto con la ley.