En febrero de este año, Donald Trump declaró en una entrevista periodística que aceptaría los resultados de las elecciones de mitad de período de 2026 (de medio término del 3/11/2026 N de R) solo «si las elecciones son honestas», pero se negó a dar precisiones sobre el particular.
La acusación de que hubo fraude en las elecciones del 3 de noviembre de 2020, donde Trump obtuvo logró 74 millones (46.9 %).de votos frente al candidato demócrata Joe Biden, 81 millones de votos (51.3 %). En el colegio electoral, Biden obtuvo los votos de 306 electores frente a los 232 de Trump. Dicha acusación sido un caballito de batalla trumpista desde entonces
Desde entonces, el inquilino de la Casa Blanca ha venido denunciando, sin presentar evidencia alguna, de que le habrían “robado” esas elecciones, porque en dicha oportunidad hubo muchos votos de indocumentados y serias falencias en los votos por correo, entre otras irregularidades, y por la interferencia de China y otros países en la campaña
¿Cuál sería el objetivo de dichas denuncias? Según el inefable Andrés Oppenheimer, columnista de The Miami Herald que publica regularmente su columna en más de 50 diarios de derecha de América Latina, las mismas no tendrían asidero. Tanto el Congreso, como el exvicepresidente Mike Pence y más de 60 tribunales en Estados Unidos que investigaron las denuncias de Trump, concluyeron que el ganador de las elecciones había sido Joe Biden.
Entonces, ¿por qué insiste Trump con las denuncias? Los dirigentes demócratas sostienen que el objetivo del primer mandatario sería “embarrar la cancha” a fin de lograr la suspensión de las elecciones de medio término,pero sin presentar tampoco evidencia alguna de sus dichos, si bien todos los sondeos indican que perdería el inquilino de la Casa Blanca en dicha jornada electoral, sobre todo porque su popularidad está en su punto más bajo: un sondeo de Reuters/Ipsos reveló que cayó al 34%, igualando el nivel más bajo registrado durante su segundo mandato y repitiendo el piso alcanzado en abril, el 22%de los consultados aprobó su gestión en relación con el costo de vida, y solo el 37% avaló la manera en que Trump maneja el tema de los migrantes.
Oppenheimer apunta que probablemente la insistencia de Trump en las denuncias obedezca a la necesidad de motivar a su base política, porque los guarismos mencionados en el párrafo anterior le estarían advirtiendo que el descontento producido haría que sus partidarios no vayan a votar, y eso podría costarle perder las elecciones y la mayoría en ambas cámaras del Congreso.
Por eso la ofensiva trumpista para cambiar la legislación electoral tres meses antes de las elecciones de medio término. Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE, por sus siglas en inglés) exigiría a los estadounidenses demostrar que son ciudadanos estadounidenses al registrarse para votar y también obligaría a presentar una identificación con fotografía válida antes de emitir su voto.
En Estados Unidos las elecciones son manejadas por cada estado, no por una autoridad nacional. Algunos estados ya exigen que los votantes presenten una identificación con foto válida en las urnas, aunque la ley federal estipula que los votantes en las elecciones nacionales deben ser ciudadanos estadounidenses, pero no exige una prueba obligatoria de ciudadanía, como sí lo haría la legislación propuesta. Una encuesta del Pew Research Center realizada el año pasado reveló que el 83% de los encuestados estaba a favor de exigir que todos los votantes presentaran una identificación oficial con fotografía.
Según el Brennan Center for Justice, un centro de estudios de tendencia liberal que trabaja con profesores y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York desde 1995, y el Center for Democracy and Civic Engagement de la Universidad de Maryland, se estima que 21 millones de estadounidenses no tienen a mano documentos que prueben su ciudadanía, y 2,6 millones carecen de cualquier tipo de identificación oficial con fotografía. Los trámites para cumplir con este requisito demorarían mucho, e impedirían el ejercicio del voto a millones de ciudadanos.
Pese a todo ello, apelando a su característica irracionalidad no exenta de ribetes extorsivos, Trump paralizó la agenda legislativa de Estados Unidos para exigir la aprobación de la Ley SAVE América, declarando que no promulgará una ley de vivienda bipartidista independiente ni ninguna otra iniciativa legislativa hasta que no se apruebe su proyecto porque considera que la aprobación de la SAVE es una «emergencia nacional”.
Sin embargo este tema genera divisiones dentro del Partido Republicano. Porque si bien muchos legisladores respaldan el contenido de la ley, varios senadores reconocen que no existen los votos necesarios para aprobarla. El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, reiteró que actualmente no existe una vía realista para aprobar la SAVE América Act y advirtió sobre el riesgo de paralizar otras iniciativas prioritarias.
La muerte de Lidsey Graham (71) el 11 de julio pasado, privó a Trump de su mejor aliado en el Congreso, y muchos analistas sostienen que si el veterano legislador de Carolina del sur estuviera vivo, posiblemente la oposición en el Partido Republicano no tendría el peso que tiene hoy.