El 12 de febrero de 2005 la religiosa fue asesinada por sicarios cuando se dirigía a un encuentro con líderes comunitarios en la Amazonía brasileña. Su labor pastoral estaba ligada al acompañamiento de campesinos, pueblos rurales e indígenas, promoviendo la agricultura sostenible, la protección de los territorios y la reforma agraria.
Nacida en Ohio, Estados Unidos, y posteriormente nacionalizada brasileña, Stang (1931/2005) pertenecía a la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de Namur. Desde su llegada a Brasil en 1966, impulsó comunidades de base y fundó escuelas, articulando evangelización con organización social. Durante su martirio, recoge la tradición eclesial, murió “con la Biblia en las manos”, leyendo las Bienaventuranzas ante sus agresores, un gesto que la convirtió en símbolo de fidelidad evangélica hasta las últimas consecuencias. Durante su martirio, recoge la tradición eclesial, murió “con la Biblia en las manos”, leyendo las Bienaventuranzas ante sus agresores, un gesto que la convirtió en símbolo de fidelidad evangélica hasta las últimas consecuencias. Los sicarios que asesinaron a la misionera Dorothy Stang el 12 de febrero de 2005 en Anapu, Brasil, fueron Clodoaldo Carlos Batista (apodado «Eduardo») y Raifran das Naves Sales (conocido como «Fogoió»). Raifran fue quien disparó a la religiosa tras recibir el visto bueno de Clodoaldo. Ambos fueron condenados a largas penas de prisión por el asesinato, contratados por terratenientes locales debido a la defensa que hacía Stang de los campesinos y la Amazonia
La Red Eclesial Panamazónica señaló que su testimonio ha sido reconocido en distintos espacios de Iglesia. El Papa León XIV la recordó como defensora de la Amazonía durante un mensaje dedicado a los cristianos asesinados por su fe en el siglo XXI, en el marco de la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.
Brasil encabeza el ranking mundial de asesinatos de ambientalistas. La mayoría de los crímenes están vinculados a la lucha por la tierra, tala ilegal y minería, con alta impunidad y ataques frecuentes a comunidades indígenas. Rondônia, Maranhão y Pará – que forman parte de la Amazonia Legal – fueron los estados más violentos en 2016. Para la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), creada en 1975 e inicialmente vinculada a la Iglesia Católica, el avance de la frontera agrícola está por detrás de ese escenario.
Solo en el 2016, de las 200 muertes de activistas del medioambiente monitoreadas por la organización inglesa Global Witness, 49 se produjeron en territorio brasileño por causa del agronegocio, y la CPT aumentó esa cifra a 61.
El investigador Carlos Alberto Feliciano, de la Universidad Estadual Paulista (Unesp), calcula que, desde 2000, cerca de un millón de familias sufrieron amenazas por causa de conflictos. «Van desde desalojos, destrucción de la cosecha y de la casa y amenazas físicas”. Según los datos divulgados por el propio sector, el agronegocio necesita, hasta 2026,15 millones de hectáreas. Para expandirse así, tiene que extenderse en las tierras de alguien. Entonces, la tendencia es que esa violencia aumente detalla Feliciano.
Otro de los peligros para los habitantes de la Amazonia son las represas. El viernes 22 de marzo de 2019 asesinaron a Dilma Ferreira Silva, coordinadora regional del Movimiento Afectados por Represas de Brasil (MAB) en la región Tucuruí del estado de Pará, en su casa en el asentamiento rural de Salvador Allende junto con su esposo, Claudionor Costa da Silva, y un amigo de la pareja, Hilton Lópes. Silva obtuvo una mención notable en el 2010 en un informe del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que identificó la existencia de un patrón sistémico de violaciones de derechos humanos en la construcción de presas a lo largo de Brasil.
La policía civil informó sobre la detención del hacendado, empresario y agricultor, Fernando Ferreira Rosa Filho, también conocido como Fernando Shalom. Filho es dueño de propiedades rurales, un supermercado y un hotel en el municipio de Novo Repartimento, a 50 kilómetros (31 millas) de la represa de Tucuruí
La Oficina Regional para América del Sur del ACNUDH emitió un comentario público condenando los asesinatos de la defensora de derechos humanos y coordinadora regional del Movimento de Atingidos por Barragem, Dilma Ferreira da Silva, y de otras dos personas,. “La rapidez con la que actuó el estado en este caso demuestra que, cuando quieren, pueden movilizar recursos y encontrar respuestas. Por desgracia, el descubrimiento del culpable no soluciona el problema de los afectados por la planta (hidroeléctrica) de Tucuruí. Los crímenes no cesaran mientras siga habiendo tanta miseria y desigualdad en la región, a causa de las omisiones del estado” comentó Iury Paulino, coordinador nacional del MAB.
Cualquiera sea su etnia, estado civil o convicción religiosa, las mujeres siempre estuvieron, están y estarán. Un solo día en el año no alcanza para expresar el reconocimiento que se merecen.
