Bertha Isabel Cáceres Flores (44) fue una líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente hondureña. En marzo de 1993 cofundó el COPINH Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), para luchar por los derechos de los lencas y ganó el Premio Medioambiental Goldman, «el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente». Sobrevivió a cinco intentos de darle muerte y el 2 de marzo de 2016, en el sexto, fue asesinada, después de años de haber recibido amenazas contra su vida mientras protestaba en contra del proyecto de la presa hidroeléctrica Agua Zarca impulsado por la empresa DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima).
Estuvo casada con el dirigente indígena Salvador Zúñiga y fue madre de cuatro hijos. Una de sus hijas, Bertha Zúñiga Cáceres, asumió el liderazgo del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), la organización que Bertha Cáceres dirigía antes de ser asesinada. Pocas semanas después de asumir la responsabilidad, Bertha Zúñiga Cáceres denunció que el 30 de junio de 2017 sufrió un atentado del que logró escapar
Originalmente integraban el consorcio del Proyecto Agua Zarca el Banco Mundial y la empresa estatal china Sinohydro, una de las más grandes constructoras mundiales, pero la lucha de Bertha entre 2013 y 2014 logró que se apartaran del proyecto. En el momento en el que se cometió el crimen, los mayores accionistas de la empresa DESA era la familia Atala Zablah. Pedro Atala, uno de los principales accionistas de Las Jacarandas, llegó a decir, cinco meses antes del asesinato de Cáceres: “O ellos o nosotros”.
Fue hija de José Doré Cáceres Portillo y de María Austra Bertha Flores López, que fue partera, enfermera y alcaldesa en tres ocasiones, gobernadora de Intibucá y diputada al Congreso Nacional por el Partido Liberal. Desde jóvenes sus padres fueron perseguidos políticos, al igual que ella, quien vivió exiliada un tiempo en El Salvador, donde hay también una parte importante del pueblo lenca. Dio amparo a muchos refugiados de El Salvador durante la guerra civil de ese país.
Durante su infancia y adolescencia Bertha Cáceres, creció en una etapa de violencia que se propagó en Centroamérica en los años ochenta, aprendió de su madre la importancia de defender la justicia y unirse a las luchas de su pueblo. Uno de sus hermanos fue baleado y perseguido, su otro hermano, Francisco, estuvo preso durante varios años en el batallón militar de Marcala, por cuestiones políticas. Su madre fue vigilada y hostigada por 12 años, secuestrada y encarcelada por órdenes de la Seguridad Nacional.
Tras el golpe de Estado contra José Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009, Honduras entró en un espiral de violencia. Durante la presidencia de Porfirio Lobo (2010/2014) empezó a desarrollarse el narcotráfico en el país, que se consolidó durante la presidencia de Juan Orlando Hernández (2014/2022).
En ese difícil contexto se desarrolló la lucha de Bertha Cáceres. Participó de las protestas contra el golpe de Estado al par que defendía los derechos del pueblo lenca, avasallados por el desconocimiento sistemático del gobierno del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
El GIEI Honduras (Grupo interdisciplinario de Expertos Independientes) detalla cómo el asesinato de Cáceres ocurrió en un contexto de máximo acoso al COPINH y su lideresa, entre finales de 2015 y principios de 2016. “Integrantes de la familia Atala”, señala el informe, “participaron directa o indirectamente en espacios de coordinación orientados a la gestión del conflicto territorial, incluyendo el grupo [de WhatsApp] denominado ‘Seguridad PHAZ’, en el que se desarrollaron acciones sistemáticas de vigilancia, recolección de información y seguimiento contra Berta Cáceres y el COPHIN. El GIEI recuerda que una actuación óptima de las autoridades de investigación hondureñas podría haber desbaratado los planes de la trama antes del ataque. En un caso paralelo en que investigaba una red de narcotráfico, la Fiscalía monitoreaba las comunicaciones de uno de los ahora condenados, hablando de un futuro asesinato, el de Berta Cáceres. Si los investigadores hubieran indagado en las conversaciones monitoreadas, es más que probable que los responsables habrían sido detenidos. La investigación financiera del GIEI resulta fundamental. El grupo indica sin lugar a duda que al menos una parte del dinero empleado para pagar a los sicarios, 25.000 dólares, “se originaron en fondos girados por los bancos FMO y BCIE, de conformidad con una orden de pago emitida en el marco del préstamo extendido por esas instituciones”. Lo cual, por cierto, resultaba algo habitual para Desa y el proyecto Agua Zarca. Según el GIEI, más de 12 millones de dólares de los 18 ejecutados en el proyecto fueron objeto de desvíos y/o manejos irregulares.
En su informe, el grupo detalla cómo la trama trianguló el dinero para los sicarios en cuentas de diferentes empresas, vinculadas a Desa. Finalmente, el dinero salió de las cuentas de las compañías en tres cheques, cobrados por dos personas de confianza de Castillo, entre el 3 y el 4 de marzo, los días posteriores al asesinato. En esos días, Castillo mantuvo comunicación constante con integrantes de la familia Atala Zablah.
Si bien los sicarios que cometieron el crimen han sido condenados, el 5 de julio de 2021 la Sala I del Tribunal Sentencia Nacional de Honduras halló culpable del asesinato de Berta Cáceres, como coautor intelectual, a David Castillo Mejía, quien era ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA) y el 20 de junio de 2022 Roberto David Castillo Mejía, un exmilitar y ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA) fue condenado a 22 años y 6 meses de cárcel como coautor intelectual del asesinato de Berta Cáceres, la familia Atala Zablah no ha sido indagada.
Como decía San Oscar Arnulfo Romero y cita Eduardo Galeano, “la justicia es como las serpientes, sólo muerde a los que van descalzos.