Las desigualdades estructurales que padecemos por género y orígenes étnico raciales no son casualidad, son consecuencia directa del patriarcado y del racismo sistémico derivado del período colonial, culpable del genocidio indígena y de la trata transatlántica”. Las palabras de la senadora del Frente Amplio Susana Andrade al asumir el cargo en la sesión extraordinaria del 22 de diciembre pasado no son una figura retórica, sino el reflejo de una realidad que buena parte de la sociedad no ve o no quiere ver, y cuyo ejemplo más claro es lo sucedido durante la campaña electoral de 2024 en Uruguay.
El primer caso es el de un “comunicador” con apellido de película, Esteban Queimada, que en su programa Bajo la lupa, entre otros concepto expresó: “¿Cómo no voy a estar en oposición de que una negra excandombera y tatuadora vaya ahí? ¿A qué va a ir? Una ignorante de mierda, que te lo dice. ¡No, negra, olvidate!”, al referirse a la vedette afrouruguaya Jessy López, ´primera candidata a diputada por la lista 906 del Frente Amplio.
Según su particular visión, esas expresiones no son racistas ni discriminatorias. La Justicia no opina lo mismo, y el 5 de setiembre de 2025 la fiscal de Flagrancia de 13 º turno, Lucía Nogueira lo imputó por el delito de difamación, injurias y delitos de odio contra Yessy López, y como medidas cautelares tiene prohibido salir del país por un período de 180 días, su pasaporte retenido hasta marzo de 2026 y deberá presentarse cada 15 días ante una dependencia policial.
El 8 de octubre de 2025, protagonizó, al mejor estilo de las patotas de la JUP (Juventud Uruguaya de Pie) de los años 70, la interrupción de una clase del Profesor Alejandro Gortázar sobre “Un discurso racista en el espacio digital: Esteban Queimada, la nueva derecha y la batalla cultural” en las Jornadas académicas 2025 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR (Universidad de la República, Montevideo), donde expresó que lo hacía porque estaba siendo “difamado” y una serie de disquisiciones sobre diversos temas, entre los cuales expresó el inefable “mis amigos negros saben que no soy racista” y “no soy de derecha”.
Él dice que no discrimina, pero en la edición del 16/09/2024 de su programa “Bajo la lupa”, afirmó que “cualquier persona que no tenga preparación puede ir al parlamento a pedir beneficios para su sector”. Más allá de la pobre opinión que tiene del poder legislativo, no aclara cuál debería ser esa preparación y dónde se adquiere. En dicho programa, además de amenazar con iniciar juicio al presidente del Frente Amplio Fernando Pereira, por el comunicado donde la fuerza política repudiaba lo dicho por Queimada, actitud que tomaron otras organizaciones a las cuales también amenazó, deslizó que la difamación de que era objeto tendría sus costos políticos “no olviden que estamos en año electoral”. Los resultados de las jornadas electorales de la primera vuelta el 27 de octubre y la segunda vuelta el 24 de noviembre le dieron la victoria al Frente Amplio y consagró a Yamandú Orsi como el presidente, quien asumió el 1º de marzo de 2025.
Este peculiar “comunicador”, patriota, anarcocultural, bioconservador, antivacunas para el COVID 19 (por lo que el 12/08/2021 el virólogo Gonzalo Moratorio presentó una denuncia ante la Fiscalía) y enemigo del aborto, resulta que es un padre abandónico, según la denuncia hecha por su hijo Franco en redes sociales el 8/06/2025 y ratificada en el programa Hacemos Lo Que Podemos, conducido por Richard Galeano, el 16/08/2025, expresando que “me abandonó e hizo lo mismo con otro hijo”, lo que no es obstáculo para que arremeta contra figuras públicas como el actor Dady Brieva, la militante de Plenaria y Justicia Irma Leites, el politólogo Daniel Chasqueti o los periodistas Iliana Da Silva y Osvaldo Petinatti.
La proclamada “independencia” de este peculiar libertario que hace de un discurso de odio su herramienta más común, parece que no es tal, si uno presta atención a lo sucedido en mayo de 2025 en el megatemplo evangélico Beraca, ubicado en la zona de Villa García, en el Km. 21 de la ruta 8, en los confines del departamento de Montevideo, entidad religiosa neopentecostal fundada en 1991 por el apóstol Jorge Morales, un ingeniero argentino proveniente del Ministerio Ondas de Amor y Paz que dirigía Héctor Aníbal Giménez. Morales y su organización han sido cuestionados por sus agresivas campañas de difusión para captar adeptos.
En ese evento Esteban Queimada fue uno de los oradores. Habló de los niños: dice que la “cultura woke” los destroza (“le están haciendo a las chicas cortarse los senos, a los chicos cortarse el pene”). Que a los jóvenes se los engaña haciéndoles creer que pueden ser cualquier cosa y que basta con desearlo. Que le da vergüenza vivir en un país sin partidos conservadores. Que la cultura uruguaya es ingrata y cobarde: lo ejemplifica con el festejo por el cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica 2010; que no importa salir primero, que se festeja igual. Que a él lo denunció una vedette de candombe por criticarla en la radio (Yessy López, porque en su programa la calificó de “negra excandombera” e “ignorante de mierda”), pero que no considera que el candombe sea representativo de la cultura uruguaya: “No sé desde cuándo somos africanos y todos tocamos el tambor”, afirmó que en el país no hay una batalla cultural sino una “guerra espiritual”, para terminar quejándose de quienes llevan las banderas LGBT y de Palestina a todos lados cuando la que importa “es esta” y saca una bandera uruguaya.
A mediados de diciembre de 2025 Queimada anunció el final de “Bajo la lupa” tras seis años en el aire. Como corresponde a un libertario cabal como él, mintió al decir que el cierre de su programa se debía a presiones, denuncias y el retiro de anunciantes. En realidad, fue para dedicarse a la actividad política por la Plataforma Para la Libertad, un partido político liberal y de derecha que dirige Federico Leicht.
En segundo lugar, la designación del militante de colectivos afro Mario Silva Castro para ocupar el cargo de embajador de Uruguay en la embajada de Adids Abeba, Etiopía, que tuvo lugar en la sesión extraordinaria del Senado uruguayo el 22 de diciembre pasado. La Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior del Uruguay (AFUSEU), denunció que el cargo no le fue ofrecido a ningún diplomático de carrera.
Lo que omite decir la entidad gremial de los diplomáticos, es que la designación está dentro de las potestades del Presidente de la República, en este caso Yamandú Orsi, está contemplada en el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República. El límite actual de cargos políticos deriva de un decreto-ley del periodo dictatorial que fijó en 20 el máximo posible de designación bajo ese criterio. Si bien durante un breve periodo de tiempo bajo la administración de Jorge Batlle el número fue reducido a cinco, el criterio anterior fue restituido mediante decreto del Poder Ejecutivo durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez.
El tufillo racista del comunicado gremial también omite consignar que hasta el momento, de los cinco embajadores de particular confianza designados por el presidente Orsi, dos han sido funcionarios del anterior gobierno, por lo que no se puede hablar de favoritismo político, y aunque parezca increíble, su designación también fue cuestionada por la oposición del Partido Nacional.
Ese mismo tufillo racista tiene el proyecto de ley presentado por el representante del Partido Colorado Felipe Schipani Larrauri en enero de este año, que propone exigir título universitario a quienes representen a Uruguay como embajadores. Aunque no se lo nombre, se refiere obviamente a Silva Castro y “es discriminatoria, elitista e inconstitucional porque limita el derecho de participación política y de acceso a cargos públicos, contrariando los principios constitucionales de igualdad y no discriminación establecidos en el artículo 8 de la Constitución uruguaya”, según lo expresado Susana Andrade en una nota “Caras y Caretas” el mes pasado.
Además del citado Art. 8, otro artículos de la Constitución uruguaya que se refiere a los requisitos para cargos públicos y designaciones diplomáticas: el Art. 58 establece que “el ingreso a todos los cargos públicos, cualquiera sea su naturaleza o el organismo del que dependan, se hará previa demostración de idoneidad, mediante procedimientos que aseguren la publicidad y la igualdad de oportunidades, de acuerdo con las normas que se establezcan…”. La Constitución oriental no exige título universitario para ejercer cargos diplomáticos como embajador, por lo que exigir título universitario como única vía para acceder al cargo de embajador perpetúa la desigualdad de oportunidades.
Nunca antes se cuestionó el tema de la formación académica de un embajador de particular confianza, qué casualidad que suceda a la hora de la designación de un embajador afrodescendiente
