Tras la aprobación en Bruselas del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea —luego de más de **25 años de negociaciones— el tablero político argentino se prepara para un nuevo y complejo debate legislativo. El 9 de enero, los Estados miembros de la UE dieron luz verde al texto que habilita su firma formal, abriendo paso a lo que será considerado uno de los acuerdos comerciales más ambiciosos de las últimas décadas en América Latina y Europa.
El tratado —que consolida una futura zona de libre comercio que abarcará aproximadamente 780 millones de personas y un comercio bilateral que supera los €110.000 millones anuales— implica la supresión progresiva de altos aranceles sobre bienes y servicios entre los dos bloques. Para Mercosur —integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— significa, en principio, la eliminación de la mayoría de los gravámenes sobre las exportaciones al mercado europeo, incluidas manufacturas e industriales que hoy enfrentan barreras sustanciales.
El Congreso argentino en el centro del escenario
El próximo gran paso político será, sin embargo, interno: el tratamiento y refrendo en el Congreso de la Nación. El Gobierno nacional anticipa que el proyecto requerirá el aval de ambas cámaras: Diputados y Senado. En el oficialismo hay convicción de que el texto contará con un amplio apoyo, especialmente de sectores opositores que valoran las oportunidades de inserción internacional para sectores productivos, especialmente agroindustriales y pymes exportadoras.
La ratificación, sin embargo, no está exenta de tensiones. La estrategia legislativa todavía está en definición: si el Ejecutivo opta por incluir el debate en el período de sesiones extraordinarias —aún sin convocatoria formal para febrero— podría ingresar por Diputados, dado que el Senado estará comprometido con el análisis de otras prioridades como la reforma laboral y la modernización del Código Penal.
Además, el contexto geopolítico regional complica aún más las expectativas: la relación entre el presidente argentino, Javier Milei, y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha sido descrita como distante y marcada por fricciones políticas, lo que podría traducirse en un retraso en la implementación de cuotas abiertas para productos que compiten en el mercado europeo. Ese riesgo es tomado con preocupación por sectores productivos que temen quedar desplazados si no se consolidan reglas claras y simétricas lo antes posible.
El desafío institucional: comisiones y consensos
Para impulsar el acuerdo en el Congreso, el oficialismo debe conformar con rapidez las comisiones clave en ambas cámaras. En Diputados, la comisión de Relaciones Exteriores quedará vacante tras la partida de Fernando Iglesias, ahora embajador argentino ante la UE en Bélgica. En el Senado, la comisión fue liderada por Francisco Paoltroni (Formosa), cuya reincorporación al bloque legislativo oficialista apunta a facilitar la agenda, aunque no sin tensiones previas con el Ejecutivo. El resultado de estas definiciones internas será decisivo para construir mayorías que avalen un tratado que, por su naturaleza, no admite modificaciones de fondo en el recinto: solo aprobación o rechazo.
Apoyo político y matices en la oposición
La reacción política al visto bueno europeo fue, en buena medida, celebratoria. Desde el bloque oficialista en el Senado, su líder destacó que el acuerdo traerá “más trabajo, más producción y más oportunidades de desarrollo e inversión”. En la Cámara baja, la bancada oficialista subrayó que el pacto abre mercados que Argentina no había logrado conquistar en décadas.
En la oposición, figuras del espacio dialoguista, incluido el expresidente Mauricio Macri, calificaron el acuerdo como una “etapa inmejorable para la región”. Desde la Coalición Cívica, se lo vio como una “jugada estratégica” por permitir el acceso a un mercado de más de 700 millones de consumidores con reglas claras y previsibilidad. El socialista Esteban Paulón y la UCR, por su parte, destacaron sus potenciales beneficios en términos de producción y empleo, así como su contribución a una mayor confianza en la integración regional.
No obstante, sectores del peronismo no emitieron hasta ahora una posición oficial, reflejando las divisiones internas: algunos economistas y dirigentes temen que determinadas industrias —en especial automotriz y textil— puedan verse presionadas por la competencia importada si no se adoptan medidas de compensación o apoyo sectorial.
Un tratado histórico bajo escrutinio
Más allá de los debates locales, el acuerdo enfrenta críticas externas. En Europa, agricultores y organizaciones ambientales han expresado reservas y protestas, preocupados por la posible entrada de productos agropecuarios a bajo costo y los impactos ambientales derivados del comercio, particularmente en contextos de deforestación.
Este panorama sugiere que, aunque el acuerdo sea firmado formalmente en Asunción el 17 de enero, su entrada en vigor —que requiere aún la aprobación del Parlamento Europeo y la ratificación de todos los Estados miembros de la UE y de los países del Mercosur— será un proceso prolongado.
Frente a estas perspectivas, la Argentina se encuentra en una encrucijada política y económica. El Acuerdo Mercosur-UE puede ser una palanca para reindustrializar y diversificar exportaciones, pero su impacto real dependerá de cómo se negocien y reglamenten las cuotas, las salvaguardias y los mecanismos de protección frente a competencia externa. Es decir: el pacto no termina con su firma, sino que empieza un debate más profundo sobre cómo Argentina quiere posicionarse en la economía global del siglo XXI.
