En apenas un puñado de frases, pronunciadas sin rodeos desde Mar-a-Lago, Donald Trump delineó el mapa de poder que Estados Unidos pretende imponer en la Venezuela posterior a Nicolás Maduro. No se trató solo de declaraciones altisonantes propias del estilo del presidente estadounidense, sino de definiciones políticas de enorme alcance regional: Washington descarta a la principal figura de la oposición democrática, María Corina Machado, y reconoce de hecho a Delcy Rodríguez —corazón del aparato chavista— como interlocutora válida y cabeza visible de una transición diseñada desde el norte.
Las palabras de Trump llegaron horas después del operativo militar clandestino del Pentágono que culminó con la captura de Maduro, un hecho sin precedentes en la historia reciente de América Latina y que reconfigura por completo el tablero geopolítico. Acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el presidente estadounidense no solo reivindicó la operación, sino que avanzó sobre el escenario político interno venezolano como si se tratara de una administración en disputa dentro de su propia órbita.
“Nadie va a tomar el poder”, afirmó Trump, para luego aclarar que, en la línea sucesoria del régimen, Delcy Rodríguez —vicepresidenta designada por Maduro— es quien debe asumir. La frase, lejos de ser casual, implicó un aval explícito a la continuidad institucional del chavismo sin Maduro, desechando de plano la posibilidad de un gobierno encabezado por la oposición que ganó las elecciones del 28 de julio de 2024, comicios ampliamente denunciados por fraude y desconocidos por buena parte de la comunidad internacional.
Más aún: Trump reveló que Marco Rubio ya mantiene conversaciones directas con Rodríguez y aseguró que la dirigente chavista “está esencialmente dispuesta a hacer lo que consideramos necesario para hacer Venezuela grande de nuevo”, en una adaptación tropicalizada de su consigna electoral. El mensaje fue claro: la transición no será un quiebre, sino una reconfiguración controlada, negociada con sectores del poder que hasta ayer mismo Washington calificaba como ilegítimos.
El descarte público de María Corina Machado sorprendió incluso a los periodistas presentes. Trump dijo no saber dónde se encuentra la líder opositora y la descalificó con argumentos que rozan lo personal: “No tiene el apoyo o el respeto dentro del país”. Una afirmación difícil de sostener frente a los datos: Machado arrasó en las primarias opositoras con más del 90% de los votos, fue inhabilitada políticamente por el chavismo y se convirtió en el principal rostro de la resistencia democrática. Además, respaldó a Edmundo González Urrutia, reconocido por amplios sectores internacionales como el verdadero ganador de las elecciones presidenciales de 2024.
El contraste no podría ser más elocuente. Mientras la dirigente opositora reclamaba, tras la captura de Maduro, “hacer valer el mandato popular y tomar el poder” en estas “horas decisivas”, Trump cerraba la puerta a cualquier gobierno opositor y reafirmaba que Estados Unidos no permitirá que “otra persona asuma el poder y se repita la misma situación de los últimos años”. Traducido: Washington no confía en la oposición venezolana para administrar la transición y prefiere hacerlo desde dentro del propio régimen.
La figura de Delcy Rodríguez, sin embargo, dista de ser unívoca. En las horas posteriores a la captura de Maduro, reclamó una prueba de vida del mandatario y citó declaraciones recientes del propio líder chavista en favor del diálogo. Poco después, viró el discurso y llamó a la movilización popular contra la “agresión armada” de Estados Unidos, rodeada por toda la cúpula del poder: Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, el fiscal Tarek William Saab, el canciller Yván Gil y las máximas autoridades judiciales y legislativas.
Finalmente, entrada la noche del sábado, el Tribunal Supremo de Justicia —pieza clave del engranaje chavista— la proclamó presidenta “en condición de encargada”, alegando la “ausencia forzosa” de Maduro y un “estado de emergencia manifiesta”. La resolución no solo garantiza la continuidad administrativa, sino que blinda jurídicamente una sucesión exprés bajo el argumento de la defensa nacional frente a una agresión extranjera.
Detrás de esta escena se cristaliza una tensión interna en el propio gobierno estadounidense. Por un lado, el sector más duro, representado históricamente por Rubio, que promovió sanciones, aislamiento y el fin del chavismo como sistema. Por otro, el trumpismo pragmático, que apuesta a cerrar la operación, garantizar estabilidad, asegurar intereses estratégicos —energéticos, geopolíticos y de seguridad— y negociar con “nuevas autoridades” surgidas del mismo entramado de poder.
Así, la Venezuela que emerge tras la caída de Maduro no parece encaminarse hacia una restauración plena de la democracia, sino hacia una transición tutelada, negociada y condicionada. Una transición donde el mandato popular expresado en las urnas queda relegado, la oposición es marginada y el chavismo, una vez más, demuestra su capacidad de mutar para sobrevivir. Y donde Estados Unidos, lejos de actuar como garante de la voluntad popular, asume sin disimulo el rol de gran elector del futuro venezolano.