La primera iniciativa pública de esta nueva conducción será establecer contactos con los gobernadores provinciales, con el objetivo de persuadirlos de no acompañar en el Congreso una reforma laboral considerada “antisindical”. El impulso proviene de Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, quien logró imprimir su impronta dialoguista al nuevo esquema de poder dentro de la central. Su rol, junto al de José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), fue determinante para que el congreso cegetista se desarrollara sin fracturas mayores, pese a la salida de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
El congreso contó con la participación de 2186 delegados, aunque 547 se retiraron antes de la votación final, reflejando tensiones persistentes. La lista de unidad obtuvo 1604 votos, con 35 en blanco. En ese marco, Martínez logró posicionar a su candidato, Jerónimo, en el triunvirato, superando resistencias de sectores tradicionales como “los Gordos” y el barrionuevismo, y consolidando así su liderazgo en la etapa que comienza.
La nueva estructura de la CGT evidencia un predominio de sectores moderados y pragmáticos. El retiro de los referentes kirchneristas del consejo directivo y la separación de aliados históricos como Barrionuevo y la UTA reconfiguraron el equilibrio interno. A ello se suma el fortalecimiento del espacio Agenda Siglo XXI, encabezado por Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), que retuvo alrededor del 35% de los cargos y representa la continuidad del perfil dialoguista dentro de la central.
Durante el congreso, Sasia destacó la importancia de “una autocrítica que permita construir unidad en torno a una agenda concreta”, mientras que Sola, referente del Seguro, subrayó la necesidad de “tensión constructiva, diálogo y generación de nuevos derechos”, marcando una línea de cooperación institucional sin renunciar a la defensa del trabajo organizado.
En el plano político, la CGT se prepara para intervenir en dos frentes: la mesa del Consejo de Mayo, donde buscará incidir en los términos de la reforma laboral, y las conversaciones con los mandatarios provinciales, a fin de evitar modificaciones legislativas que afecten el modelo sindical argentino.
Algunos gobernadores ya expresaron sus posiciones. Osvaldo Jaldo (Tucumán) se manifestó a favor de una “modernización” de las normas laborales, en sintonía con el discurso del Gobierno nacional. En cambio, Martín Llaryora (Córdoba) habría manifestado su apoyo a la postura cegetista, abriendo una posible vía de entendimiento con sectores del peronismo federal.
No obstante, persiste la incertidumbre respecto del rumbo que tomará la reforma laboral. Las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en Madrid —donde anticipó la intención de “desarticular” la estructura sindical priorizando los convenios por empresa— generaron inquietud en la dirigencia. Este enfoque, que desplazaría a los sindicatos de actividad en beneficio de las comisiones internas, podría alterar profundamente la lógica de representación colectiva vigente.
La salida del ministro Guillermo Francos, hasta ahora interlocutor privilegiado de la CGT, y la no designación de Santiago Caputo, quien mantenía buenos vínculos con el sindicalismo, refuerzan la percepción de que dentro del Gobierno conviven posturas divergentes entre sectores moderados y más ideologizados.
En este contexto, la CGT enfrenta el desafío de combinar firmeza y prudencia. De su capacidad para mantener cohesión interna y articular canales de diálogo efectivos dependerá no solo su influencia sobre la reforma laboral, sino también su vigencia como actor político e institucional en un país que atraviesa una etapa de transformaciones profundas.