El 10 de diciembre de 2023, Javier Milei asumió la Presidencia de la Nación con un discurso disruptivo que prometía un cambio radical en la política argentina. Su campaña, basada en la eliminación de «la casta» y en una supuesta solución definitiva a la inflación, lo posicionó como una figura revolucionaria en la escena política. Sin embargo, al cumplirse un año de su gestión, el balance evidencia un país fragmentado, con sectores profundamente afectados por las políticas de ajuste y una sociedad enfrentada por la polarización discursiva.
Inflación: la promesa que estructuró la gestión
El combate a la inflación fue el eje de su campaña. Milei implementó un plan que, si bien logró bajar las cifras inflacionarias en algunos meses, lo hizo a costa de un ajuste brutal que tuvo consecuencias devastadoras en sectores vulnerables. La estrategia consistió en una devaluación inicial seguida de un enfriamiento económico que paralizó el consumo, contrajo el empleo y redujo la actividad económica en general.
Los efectos de estas políticas no se distribuyeron equitativamente. Según estudios del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, el 5% más rico de la población fue el principal beneficiario del ajuste gracias a una reducción impositiva que incluyó la eliminación de gravámenes a grandes fortunas y blanqueos de capitales. Mientras tanto, los jubilados, docentes, trabajadores de la salud y empleados públicos vieron sus ingresos deteriorarse de manera alarmante.
La Oficina del Presupuesto del Congreso informó que los recortes en jubilaciones explicaron el 22,22% de la caída total en la ejecución presupuestaria, convirtiendo a este sector en uno de los más perjudicados. A esto se sumaron medidas como la reducción de subsidios a medicamentos, dejando a millones de adultos mayores en una situación de vulnerabilidad extrema.
El ajuste en las provincias: un impacto desigual
Las transferencias a las provincias sufrieron una contracción interanual del 76,6% en términos reales, afectando gravemente la capacidad de los gobiernos locales para invertir en infraestructura, educación y salud. Este ajuste no solo impactó en las arcas provinciales, sino también en los ciudadanos comunes que ahora enfrentan la falta de rutas, hospitales, colegios y servicios básicos.
Regiones históricamente postergadas, como el norte argentino y algunas provincias del sur, fueron las más afectadas. La falta de inversión en infraestructura productiva y social profundizó las desigualdades entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país, perpetuando un modelo de concentración de recursos.
Universidades en pie de lucha
Uno de los sectores más golpeados por el ajuste fue el sistema universitario nacional. Sin presupuesto aprobado para 2024 y 2025, las universidades enfrentaron un desfinanciamiento que comprometió su funcionamiento básico. Según cifras oficiales, las transferencias cayeron un 27,9%, afectando salarios, becas estudiantiles y obras de infraestructura. Más de 100 proyectos de construcción de aulas, laboratorios y comedores quedaron paralizados, y programas como las becas Progresar sufrieron recortes significativos tanto en su alcance como en su valor real.
El impacto no se limitó a lo financiero. Desde el Gobierno se lanzó una ofensiva discursiva contra el sistema universitario público, calificando a los estudiantes como «fantasmas», a los docentes como adoctrinadores y a las autoridades universitarias como parte de la «casta». Esta narrativa buscó justificar los recortes y erosionar la confianza en una institución que históricamente ha sido un pilar de la movilidad social en Argentina.
La conversación democrática bajo ataque
Además de las medidas económicas, el año estuvo marcado por una estrategia de comunicación basada en la polarización y la desinformación. Milei y su entorno recurrieron a un discurso incendiario que buscó dividir a la sociedad entre «la casta» y «el pueblo», utilizando el término como un significante vacío que podía aplicarse a cualquier oposición o crítica.
La conversación pública se deterioró bajo una avalancha de agresiones y noticias falsas que inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Esta estrategia, aunque efectiva para consolidar el núcleo duro de su electorado, debilitó el espacio para el debate democrático y profundizó las divisiones sociales.
Un balance con más perdedores que ganadores
El primer año de Milei en el poder deja un país donde los costos del ajuste han recaído, una vez más, sobre los sectores más vulnerables. Jubilados, trabajadores, estudiantes y provincias han pagado el precio de políticas que favorecieron a una minoría privilegiada.
Sin embargo, este panorama no debe ser motivo de resignación. La historia demuestra que es posible construir un modelo económico inclusivo que combine responsabilidad fiscal con justicia social. Países como Uruguay y Chile han implementado reformas estructurales que lograron reducir la desigualdad sin sacrificar el crecimiento económico ni la inversión en educación y salud.
El desafío hacia el futuro
El gran reto para la sociedad argentina es recuperar la confianza en sus instituciones y construir un modelo de desarrollo que integre a todos los sectores. La educación pública, la ciencia y la tecnología deben ser vistas como herramientas de transformación, no como gastos prescindibles.
La experiencia del último año deja una lección clara: gobernar no puede ser sinónimo de ajustar sin criterio ni sensibilidad social. El futuro de Argentina debe estar basado en la inclusión, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
La verdadera habilidad de un gobierno no radica en recortar, sino en generar oportunidades que permitan a todos ser parte del desarrollo. Porque, como sociedad, nuestro futuro no le pertenece a un presidente ni a un partido político: nos pertenece a todos los argentinos.